Redacción Perico Noticias // Mientras el debate político en Jujuy se centra en el posible adelantamiento de las elecciones provinciales, una problemática más urgente y estructural se cierne sobre el gobierno de Carlos Sadir: el equilibrio fiscal. En un contexto donde la Nación ha reducido significativamente las transferencias a las provincias, la alternativa de un impuestazo para cubrir los déficits podría convertirse en una bomba de tiempo que afecte no solo a la economía, sino también a la estabilidad política y social de la provincia.
El ajuste fiscal: un alivio temporal con riesgos
El gobierno de Jujuy implementó un ajuste fiscal en 2024 que permitió superar la crítica situación heredada de 2023. Si bien esta medida generó cierta estabilidad a corto plazo, los riesgos de un desbalance vuelven a aparecer ante la falta de previsibilidad y de un marco de coordinación con el gobierno nacional.
El principal desafío radica en evitar que, ante la falta de fondos federales, la provincia recurra al aumento de impuestos. Una medida de este tipo no solo sería impopular, sino que agravaría los problemas de competitividad en sectores clave como el turismo y la producción agrícola, pilares de la economía jujeña.
El impuestazo: un camino peligroso
Los aumentos de impuestos, ya sea en tasas provinciales o municipales, suelen ser la salida inmediata para cubrir déficits, pero no resuelven el problema de fondo. Por el contrario, generan malestar en una sociedad que, tras años de crisis económica, parece haber alcanzado su umbral de tolerancia.
La clase media, ya golpeada por el aumento del costo de vida y los servicios, vería en un impuestazo una medida regresiva que afectaría su poder adquisitivo. A esto se suma el impacto en los pequeños y medianos empresarios, que enfrentan una presión tributaria incompatible con la recuperación económica.
Coordinación fiscal: la solución clave
La única manera de garantizar estabilidad y evitar decisiones impopulares como un aumento de impuestos es la firma de un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre Nación y las provincias. Este pacto permitiría:
- Previsibilidad presupuestaria:
Establecer reglas claras para la asignación de fondos federales, asegurando que Jujuy pueda planificar su gestión sin depender de medidas extraordinarias. - Evitar la competencia fiscal desleal:
Sin un marco coordinado, las provincias suelen aumentar impuestos para compensar déficits, lo que desincentiva la inversión y debilita su competitividad frente a otras regiones. - Estabilidad política y social:
Un equilibrio fiscal sostenible daría a los jujeños la certeza de que no enfrentarán un aumento de impuestos, reduciendo el malestar social y fortaleciendo la gobernabilidad.
2025: un año crítico para Jujuy
Más allá del calendario electoral, el verdadero reto del gobierno de Carlos Sadir será garantizar un marco de previsibilidad económica que permita a la provincia transitar 2025 sin sobresaltos. Si bien el adelantamiento de las elecciones puede ser una jugada política, no resolverá los problemas estructurales que enfrenta Jujuy.
De no firmarse un acuerdo fiscal con Nación, la alternativa de un impuestazo podría ser el golpe definitivo para la relación entre el gobierno y los ciudadanos. La percepción de que las decisiones políticas están desconectadas de las necesidades reales de la gente podría desatar un escenario de conflicto que ningún gobernador quiere enfrentar.
El equilibrio fiscal como prioridad absoluta
Jujuy está en un momento decisivo. Más importante que definir el calendario electoral es garantizar un equilibrio fiscal sostenible que no recaiga sobre los bolsillos de los jujeños. Un acuerdo con Nación permitiría evitar el impuestazo, brindar estabilidad y dar al gobierno provincial el margen de acción necesario para gestionar un año complejo.
El tiempo apremia, y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes no solo para el presente, sino también para el futuro político y económico de la provincia.
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