“El Gobierno celebra como ‘esfuerzo’ lo que es su responsabilidad: la realidad detrás de las políticas para el agro”

Redacción Perico Noticias // En un escenario político marcado por discursos grandilocuentes, el Gobierno de Jujuy, a través de su ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, celebra como un “logro” la eliminación de las retenciones al agro y destaca que estas medidas están “en línea con los esfuerzos” de su administración para dinamizar el sector productivo. Sin embargo, esta narrativa no resiste un análisis crítico y plantea preguntas fundamentales sobre la gestión de los recursos públicos y la verdadera intención detrás de estas declaraciones.

¿Esfuerzo o responsabilidad?

Las retenciones al agro, especialmente al sector tabacalero, han sido históricamente motivo de controversia. Estas no son una carga impositiva provincial, sino un tributo nacional que grava a la producción exportadora. Por lo tanto, su eliminación no responde a una acción directa del Gobierno de Jujuy, sino a una decisión de política fiscal del Gobierno Nacional, consecuencia de años de reclamo del sector, como del resto de las economías regionales. En este sentido, resulta cuestionable que la administración actual celebre la medida como si fuera un fruto de una gestión planteada desde el rol promotor de la actividad privada.

El ministro Abud sostiene que estas políticas están “en línea con los esfuerzos” de la provincia para ayudar al sector productivo. Sin embargo, ¿puede considerarse un esfuerzo eliminar barreras que nunca debieron existir? Más aún, si realmente existe un compromiso con la producción, ¿por qué no se aplican medidas concretas a nivel provincial, como la reducción de impuestos directos, inmobiliarios o de ingresos brutos, que afectan a los pequeños y medianos productores de manera directa?

La gestión del Fondo Especial del Tabaco: ¿apoyo o intervención?

Uno de los ejemplos más claros de la contradicción entre discurso y práctica es la gestión del Fondo Especial del Tabaco (FET). Este recurso, proveniente de un porcentaje del impuesto a los cigarrillos, está destinado a los productores tabacaleros. Por ley, el 80% de estos fondos debe ser distribuido directamente entre los productores, mientras que el 20% debe aplicarse a programas de desarrollo y reconversión productiva.

En Jujuy, el Gobierno administra estos fondos por decisión propia, lo que ha generado múltiples críticas. Aunque se han destinado recursos a programas como la lucha antigranizo y la regularización de obra social, estas acciones son financiadas con fondos que pertenecen a los productores, no con aportes provinciales. La administración de estos recursos, muchas veces tardía y opaca, ha sido señalada como una fuente de demoras en los pagos desde Nación, debido a la falta de rendiciones de cuentas adecuadas.

Cita legal: La Ley Nacional N° 19.800 y la Ley Provincial N° 5056 regulan la distribución y uso de estos fondos. Según estas normativas, el gobierno provincial tiene la responsabilidad de garantizar que los recursos lleguen a los productores de manera transparente y eficiente, lo que no siempre ha ocurrido.

La narrativa del esfuerzo: ¿qué hay detrás?

El ministro Abud afirmó recientemente: “Los que critican las políticas del Gobierno de la Provincia a favor de la producción y el trabajo, no saben de Jujuy, no conocen Jujuy”. Esta declaración, además de desafiante, omite un punto crucial: la crítica es un pilar esencial en cualquier sistema democrático. Señalar las fallas en la gestión pública no es un ataque personal, sino un ejercicio necesario para garantizar la transparencia y la eficiencia en la administración.

Más allá de las declaraciones, los datos hablan por sí solos. En los últimos 10 años, los indicadores productivos agrícolas de Jujuy no han mostrado un crecimiento significativo, a pesar de la fuerte intervención del Gobierno en sectores como el tabacalero y el cañero. Por ejemplo, el reciente anuncio de una inversión de 100 millones de dólares para el sector cañero plantea preguntas fundamentales: ¿de dónde provienen estos fondos? ¿Cuál es el plan de ejecución? ¿Y cómo garantizará el Gobierno que esta inversión se traduzca en beneficios reales para los productores?.

Medidas concretas y necesarias

Si el Gobierno realmente busca dinamizar al sector productivo, es hora de pasar de las palabras a los hechos. Algunas medidas concretas podrían incluir:

1. Reducción de la presión tributaria: Aplicar exenciones o reducciones en impuestos como ingresos brutos e inmobiliario para aliviar la carga de los productores.
2. Transparencia en la gestión del FET: Publicar informes detallados sobre el uso de los fondos, asegurando que cada peso destinado a los productores se aplique de manera eficiente.
3. Políticas integrales de apoyo: Implementar programas de capacitación, acceso a tecnología y financiamiento para pequeños y medianos productores, en lugar de depender exclusivamente de fondos nacionales.
4. Coordinación con los municipios: Promover un esquema fiscal armonizado que permita a los municipios trabajar en conjunto con la provincia para reducir la carga tributaria sobre el sector agropecuario o retirar ciertas tasas que distorsionan la cadena de valor de la producción complicando la competitividad.

De las promesas a la acción

Celebrar medidas que no son propias y utilizar recursos ajenos como si fueran un “esfuerzo gubernamental” no es una práctica que resista el escrutinio público. El Gobierno de Jujuy debe asumir su rol como facilitador, no como intermediario, en el desarrollo de la producción local. La crítica no es un ataque, sino una herramienta democrática para construir un futuro mejor para todos los jujeños. Seguramente en poco tiempo conoceremos el plan de infraestructura estratégica desarrollado para el sector agrícola de toda la provincia durante los ultimos 10 años.