Bosques, bonos y millones: el negocio del carbono en Jujuy y la gran pregunta sobre la transparencia

Redacción Perico Noticias // El gobierno de Jujuy ha encontrado en los bonos de carbono y la conservación de bosques nativos un modelo de financiamiento que, en los papeles, parece una estrategia brillante para atraer fondos internacionales y convertir el patrimonio natural en un activo financiero sostenible. Sin embargo, cuando se contrastan las cifras y los montos asignados con la realidad del mercado de carbono, surgen dudas sobre la verdadera dimensión de este negocio y el destino final de los recursos.

Según los datos oficiales, el gobierno provincial anunció con bombos y platillos la entrega de $242.888.053 para la conservación de bosques nativos. Convertidos a dólares a la cotización actual ($1240 por USD), esto equivale a aproximadamente 195.877 dólares. Esta cifra debería reflejar el valor real del carbono secuestrado por los bosques nativos, considerando que la provincia conserva oficialmente 345.596,97 hectáreas de bosques. Sin embargo, aquí radica la gran inconsistencia: si tomamos en cuenta el promedio del mercado voluntario de carbono, donde una hectárea de bosque nativo puede generar aproximadamente 400 dólares en bonos de carbono, el total que Jujuy debería haber recibido superaría los 138 millones de dólares.

Un negocio millonario… pero ¿para quién?

Los números hablan por sí solos. Si los bosques de Jujuy están siendo reconocidos dentro del mercado internacional de carbono y los precios de los bonos oscilan entre 10 y 80 dólares por tonelada de CO₂ (dependiendo del mercado y la certificación), la provincia debería estar recibiendo una cifra muy superior a los 195.877 dólares que ahora distribuyó entre titulares de bosques y su propia gestión institucional.

El monto otorgado representa apenas 0,57 centavos de dólar por hectárea, un número que choca con cualquier referencia internacional sobre el valor del carbono secuestrado por los bosques nativos. ¿Dónde está el resto del dinero que debería corresponder a Jujuy? Si efectivamente la provincia está certificando estos bonos en los mercados regulados, ¿quién se queda con la diferencia entre lo que recibe y lo que realmente genera el ecosistema jujeño?

Es cierto que la Ley 26.331 establece fondos para la conservación de los bosques nativos, pero si el gobierno de Jujuy ha decidido convertir estos bosques en un negocio de bonos de carbono, la transparencia en la distribución de recursos debería ser una prioridad. Hasta ahora, la única información clara es que:

• El 70% de los fondos entregados se destina a los titulares de bosques.
• El 30% restante queda en manos del gobierno para «fortalecimiento institucional».

Sin embargo, no hay detalles sobre cómo se certifican los bonos, quién paga por ellos, cuál es el volumen exacto de CO₂ secuestrado ni cómo se determina el precio final de estos activos ambientales.

Jujuy: el ejemplo perfecto de un modelo opaco

El gobernador Carlos Sadir, al anunciar la entrega de fondos, celebró que Jujuy sea la «primera provincia que garantiza la entrega y rendición de cuentas de estos recursos». La ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, también destacó que el modelo jujeño ha pasado de proteger 251.142 hectáreas en 2021 a 345.596 en 2024, aumentando significativamente la superficie de conservación. Pero ni una sola palabra sobre los millones de dólares que debería estar generando la provincia con esta expansión de bosques protegidos.

Si Jujuy realmente está certificando estos bonos y vendiéndolos en el mercado internacional, entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué el monto recibido es tan bajo? O bien el modelo de comercialización elegido no es eficiente y Jujuy está subastando su riqueza ambiental a precios irrisorios, o hay una falta de claridad en cómo se distribuyen los ingresos obtenidos por la venta de estos bonos.

¿El único éxito financiero del modelo Morales? Solo con transparencia

Si Jujuy lograra captar efectivamente los 138 millones de dólares que le corresponderían en base a su superficie protegida y al precio de los bonos de carbono, estaríamos frente al único acierto financiero de la administración Morales-Sadir, en contraste con dudosos rendimientos de las empresas estatales (SE) y los emprendimientos que han quedado como un triángulo de las Bermudas de fondos públicos.

Para que este modelo de conservación no sea solo una estrategia de relaciones públicas, el gobierno provincial debería rendir cuentas de cada bono generado, de cada tonelada de carbono certificada y de cada dólar recibido. Sin esta información, el programa de «Jujuy Verde Carbono Neutral 2050» se convierte en una narrativa atractiva, pero difícil de verificar.

La transparencia no solo haría de este negocio un ejemplo de éxito, sino que garantizaría que los fondos lleguen realmente a los sectores que trabajan en la conservación y que la provincia reciba lo que le corresponde. Si este modelo se gestiona correctamente, Jujuy podría estar recibiendo cientos de millones de dólares en los próximos años. Pero si las cuentas siguen sin cerrar, entonces estaremos ante una nueva caja negra de los fondos ambientales, donde el beneficio real queda solo en manos de unos pocos.