¿Éxito o espejismo? Mientras Milei sanea las empresas del Estado, en Jujuy se evaporan en la ilegalidad

Perico Noticias // La administración del presidente Javier Milei ha implementado una serie de reformas económicas destinadas a sanear las finanzas públicas y reducir la intervención estatal en la economía argentina. Estas medidas han resultado en un superávit financiero anual de $1,76 billones en 2024, equivalente al 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), marcando el primer saldo positivo desde 2010.

Un componente clave de este logro ha sido la reestructuración de las empresas estatales. En enero de 2025, el conjunto de estas compañías registró un superávit operativo de $140.009 millones, el más alto en 17 años. Este resultado se atribuye a políticas de ajuste fiscal, reducción de subsidios y optimización de recursos, con el objetivo de preparar a varias de estas empresas para su eventual privatización.

En contraste, la provincia de Jujuy enfrenta desafíos significativos con sus empresas estatales, muchas de las cuales operan con déficits crónicos que son cubiertos por los contribuyentes. Un caso emblemático es el de Agua Potable de Jujuy Sociedad del Estado, creada en 2016 con la misión de garantizar el acceso universal al agua potable y saneamiento. A pesar de su importancia, la empresa ha sido objeto de críticas por la calidad de sus servicios y la falta de transparencia financiera. Una ley provincial exime a las SE de publicar sus balances, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y ética de dicha exención, considerando el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre el uso de los fondos públicos.

Además, se han reportado intentos de transformar estas empresas estatales en entidades privadas mediante procedimientos legales cuestionables. Algunas de estas empresas han declarado públicamente su carácter privado, una acción que ha sido calificada como inaudita e ilegal por expertos legales y organizaciones de la sociedad civil. Este proceso de «privatización encubierta» carece de la transparencia y los procedimientos establecidos por la ley, lo que podría constituir una estafa a los contribuyentes y usuarios de los servicios.

La diferencia en las estrategias y resultados entre el gobierno nacional y la administración provincial de Jujuy es notable. Mientras que la gestión de Milei ha logrado revertir déficits históricos en las empresas estatales a través de políticas de austeridad y eficiencia, en Jujuy persisten prácticas que perpetúan el uso ineficiente de los recursos públicos y la falta de rendición de cuentas. Esta disparidad subraya la necesidad de una revisión profunda de las políticas provinciales, orientada hacia la transparencia, la eficiencia y el respeto por los derechos de los ciudadanos.

En resumen, mientras el gobierno nacional avanza en la reducción del tamaño del Estado y mejora la salud financiera de sus empresas públicas, la provincia de Jujuy enfrenta el reto de corregir prácticas deficitarias y opacas en sus entidades estatales. La implementación de reformas que promuevan la transparencia y la eficiencia es esencial para evitar la carga financiera sobre los contribuyentes y garantizar servicios de calidad a la población.