«Milei impone su justicia: nombra por decreto a dos jueces de la Corte y desata una tormenta política»

«Milei impone su justicia: nombra por decreto a dos jueces de la Corte y desata una tormenta política»

Perico Noticias // El presidente argentino, Javier Milei, ha decidido nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Esta acción se produce tras un año de intentos fallidos en el Senado para aprobar sus nombramientos, debido a la falta de consenso y a la parálisis legislativa. La medida ha generado reacciones mixtas en el ámbito político y jurídico del país.

Contexto y antecedentes

La Corte Suprema de Argentina ha estado operando con solo tres de sus cinco miembros debido a vacantes no cubiertas. Ante la imposibilidad de obtener el aval del Senado para sus candidatos, el presidente Milei optó por utilizar la facultad constitucional de nombrar jueces «en comisión» mediante decreto, una herramienta que permite cubrir vacantes de manera temporal hasta que el Senado se pronuncie. Este mecanismo ha sido empleado en el pasado por otros mandatarios, como Mauricio Macri en 2015, quien designó a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en circunstancias similares.

Los nuevos jueces

  • Ariel Lijo: Juez federal con una trayectoria marcada por diversas críticas y acusaciones en su contra. Su nombramiento ha sido objeto de controversia debido a su historial judicial.
  • Manuel García-Mansilla: Académico reconocido por sus ideas ultraconservadoras, cuya designación ha suscitado debates en torno a la orientación ideológica de la Corte Suprema.

Reacciones y perspectivas

La decisión de nombrar a Lijo y García-Mansilla por decreto ha generado diversas reacciones en el espectro político argentino. Mientras algunos sectores consideran que la medida es necesaria para garantizar el pleno funcionamiento del máximo tribunal, otros la critican por evadir el proceso legislativo y por los antecedentes de los designados. La oposición ha manifestado su descontento, argumentando que este tipo de nombramientos debilita la institucionalidad y la división de poderes.

El gobierno, por su parte, justifica la decisión en la necesidad de completar la composición de la Corte Suprema para asegurar su operatividad y eficiencia en la administración de justicia. Además, ha señalado que continuará buscando el aval del Senado para formalizar los nombramientos de manera permanente.

Este movimiento del presidente Milei refleja las tensiones actuales entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Argentina, y pone de manifiesto los desafíos en la designación de altos cargos judiciales en un contexto político polarizado.



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