«Chuli» Jorge Tiene su Cromañón: Que Truene el Escarmiento

Perico Noticias // La tragedia del supermercado Comodín de San Salvador de Jujuy no fue un accidente. Cinco vidas se perdieron en una trampa mortal evitable, fabricada por la negligencia empresarial y la complicidad del Estado. Sin salidas de emergencia operativas, sin un plan de evacuación, sin dispositivos de seguridad funcionales, este incendio dejó al descubierto lo que durante años se toleró: un sistema corrupto donde la seguridad es un lujo y la vida de los ciudadanos una estadística más.

Como en Cromañón, la avaricia empresarial, el abandono del Estado y la omisión criminal de los funcionarios provocaron una masacre. No se puede hablar de infortunio cuando las advertencias estuvieron siempre a la vista. Este no fue un incendio: fue homicidio.

La pregunta ya no es quién es responsable —porque los responsables están identificados— sino quién tendrá la dignidad de hacer que caiga todo el peso de la ley sobre ellos. Y aquí emerge el desafío político inmediato: ¿qué concejal tendrá la entereza y el valor de solicitar el juicio político contra el intendente Raúl “Chuli” Jorge, máximo responsable del control municipal? ¿Quién en el Concejo Deliberante estará del lado de la justicia y no de la impunidad?

La Cadena de Responsables: Un Crimen con Nombres y Apellidos

El dueño del supermercado Comodín no puede alegar ignorancia. Operaba un comercio de gran escala sin cumplir los requisitos básicos de seguridad, exponiendo a trabajadores y clientes a un desenlace anunciado. Su responsabilidad no es solo civil, sino penal. El Código Penal Argentino, en su artículo 189, establece penas de hasta 20 años de prisión por estrago culposo seguido de muerte. No hay excusas: la avaricia y la negligencia mataron.

Pero el dueño del supermercado no es el único que debe pagar. La municipalidad de San Salvador de Jujuy, con Raúl “Chuli” Jorge a la cabeza, es directamente responsable. ¿Quién habilitó este supermercado sin salidas de emergencia en condiciones? ¿Quién firmó las inspecciones que nunca se hicieron? ¿Quién se benefició del negocio mientras cinco personas murieron atrapadas?

El artículo 248 del Código Penal es claro: los funcionarios que, por omisión o inacción, permitan la consumación de delitos deben ser procesados. Aquí no hay error, sino complicidad estatal. La misma mano del municipio que persigue ferozmente a los ciudadanos con tasas e impuestos impagables, es la que hoy carga con la sangre de cinco víctimas por haber permitido la operación de un local que jamás debió abrir sus puertas en esas condiciones.

Es hora de poner nombre y apellido a los responsables:

• El propietario del supermercado, quien operó en condiciones de riesgo extremo.
• El intendente Raúl “Chuli” Jorge, por no haber fiscalizado con el rigor que la ley exige.
• Los funcionarios de habilitación y control municipal, que permitieron esta catástrofe con su inacción.

Si en Cromañón Aníbal Ibarra fue destituido por permitir con su inacción una tragedia evitable, ¿por qué “Chuli” Jorge seguiría en su cargo?

Negligencia Temeraria: La Omisión Criminal Que Mata

Lo ocurrido en Comodín no es un hecho aislado, sino el resultado de un sistema permisivo donde las irregularidades se normalizan. Desde las habilitaciones municipales hasta la ausencia de controles reales, este incendio es la consecuencia de una cadena de negligencia temeraria, es decir, la acción u omisión de personas que, conociendo el riesgo mortal de sus actos, deciden no hacer nada para evitarlo.

El propietario del supermercado sabía que estaba operando sin las medidas de seguridad adecuadas. La Municipalidad sabía que las inspecciones eran deficientes o inexistentes. Nadie hizo nada. Nadie detuvo la cuenta regresiva. Hasta que cinco personas murieron.

Lo más grave es que esto se pudo evitar. El Código Penal no deja margen de duda: cuando un hecho es producto de la omisión deliberada de los deberes de cuidado, la responsabilidad penal es inapelable. La pregunta es si la justicia tendrá la independencia para actuar con el mismo rigor con el que se persigue a ciudadanos comunes que no pueden pagar sus tributos municipales.

El Desafío: ¿Quién Pedirá el Juicio Político?

Ahora, la política local enfrenta una prueba de fuego. ¿Cuál de los concejales de San Salvador de Jujuy se atreverá a presentar la solicitud de juicio político contra el intendente Jorge? ¿Quién tendrá el coraje de exigir justicia para las víctimas?

El pueblo jujeño no necesita tibios ni cómplices del poder. Se necesita un legislador que entienda que la impunidad de hoy será la tragedia de mañana. Si ningún concejal se atreve a exigir el juicio político, serán cómplices de esta matanza.

El Ministerio Público Fiscal y el Fiscal de Estado tienen la obligación de actuar con máxima dureza. No pueden limitarse a dar conferencias de prensa y «analizar la situación». Si no presentan cargos contra los empresarios, el intendente y los funcionarios responsables, ellos mismos estarán incurriendo en el incumplimiento de los deberes de funcionario público y serán parte del encubrimiento.

Si el intendente tiene dignidad, debe renunciar y ponerse a disposición de la justicia.
Si los funcionarios de control tienen un mínimo de moral, deben ser investigados y sancionados.
Si la justicia no actúa con rigor, será cómplice.

Este no es un caso más. Es una tragedia que debe marcar un antes y un después en Jujuy.
El pueblo exige justicia. La historia no perdonará a quienes elijan la impunidad.

Será Justicia.

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