¡Basta de Pobreza Planificada en Jujuy!

En la antesala de las elecciones del 11 de mayo, la provincia de Jujuy se encuentra sumida en una crisis salarial que afecta a la mayoría de sus empleados públicos. A pesar de haber recibido una mejora significativa en la coparticipación federal, el gobierno provincial ha decidido mantener los salarios de sus trabajadores por debajo de la línea de pobreza, perpetuando una situación de dependencia y control político.

Según informes recientes, casi el 80% de los empleados estatales de Jujuy perciben salarios que no alcanzan el costo de la canasta básica, lo que los coloca en una situación de pobreza. Mientras tanto, los funcionarios de alto rango quintuplican los ingresos de estos trabajadores, evidenciando una brecha salarial alarmante.

Esta estrategia de mantener a los empleados públicos con «la soga al cuello» parece estar orientada a garantizar votos cautivos, aprovechando la precariedad económica en la que se encuentran. La falta de incrementos salariales adecuados, a pesar de la disponibilidad de recursos, refleja una planificación deliberada de la pobreza en la provincia.

El gobierno provincial ha argumentado en ocasiones anteriores una disminución en los fondos de coparticipación como justificación para no otorgar aumentos salariales significativos. Sin embargo, informes recientes indican que Jujuy ha recibido una mejora importante en la coparticipación, lo que debería haberse traducido en mejoras salariales para los trabajadores estatales.

Por otro lado, la propuesta libertaria que aboga por una reducción drástica del Estado genera temor entre los empleados públicos, quienes temen por la estabilidad de sus puestos de trabajo. No obstante, es crucial aclarar que el equilibrio del gasto público que se busca implica la eliminación de las cúpulas burocráticas innecesarias, no la reducción de los empleados que sostienen el funcionamiento diario del Estado.

La situación actual es insostenible. Los trabajadores estatales de Jujuy merecen salarios dignos que les permitan cubrir sus necesidades básicas y vivir con dignidad. Es hora de que el gobierno provincial utilice los recursos disponibles de manera justa y equitativa, priorizando el bienestar de sus empleados y dejando de lado prácticas que perpetúan la pobreza y la dependencia política.

El drama salarial de los empleados públicos en Jujuy no es un accidente ni una casualidad, sino una estrategia deliberada para sostener el poder. Mientras la provincia recibe más fondos de coparticipación, estos no se traducen en mejoras para quienes sostienen el aparato estatal. En cambio, se utilizan para mantener una estructura burocrática plagada de cargos políticos que absorben recursos sin generar valor. Es el esquema perfecto: el poder se financia a sí mismo, mientras la clase trabajadora sigue condenada a la supervivencia.

Pero este modelo de dependencia y miseria inducida está empezando a resquebrajarse. La inflación golpea, la paciencia se agota y la indignación crece. Las elecciones del 11 de mayo serán un punto de inflexión: la ciudadanía puede seguir sometida a un esquema de precarización programada o puede exigir una verdadera redistribución de los recursos, donde la política deje de ser el refugio de privilegiados y se convierta en una herramienta de transformación real. ¿Seguirá Jujuy atrapada en esta telaraña de poder o romperá con el chantaje de la pobreza estructural?.

Las próximas elecciones representan una oportunidad para que la ciudadanía exija cambios reales y contundentes. Es momento de levantar la voz y decir ¡Basta! a la pobreza planificada en Jujuy.