El fin de la coparticipación: ¿Independencia fiscal o sentencia de muerte para Jujuy?

La propuesta de Javier Milei de eliminar el sistema de coparticipación federal de impuestos es, sin duda, una de las reformas más disruptivas de su agenda. Bajo la bandera del «cada provincia que se financie sola», el presidente plantea un giro radical en la estructura fiscal del país, apostando a una descentralización extrema. Pero, ¿qué significaría esto para Jujuy, una de las provincias más dependientes de los fondos nacionales? ¿Es realmente una solución hacia la eficiencia o un golpe letal a las economías regionales?

El modelo Milei: una teoría con pocos ganadores y muchos perdedores

El sistema de coparticipación, creado para equilibrar las desigualdades entre provincias, ha sido objeto de críticas por premiar la ineficiencia y la falta de autonomía fiscal. Milei busca eliminarlo para que cada jurisdicción recaude y administre sus propios impuestos sin intermediación del gobierno nacional. En un país con marcadas asimetrías económicas, este esquema dejaría a las provincias más pobres en una situación crítica.

Jujuy, que recibe más del 80% de su presupuesto de transferencias nacionales, se enfrentaría a una crisis fiscal inmediata. Con una matriz productiva reducida, una alta informalidad y un sector privado debilitado, la provincia no tiene, en el corto plazo, capacidad para generar los recursos suficientes que le permitan sostener su aparato estatal. Sin coparticipación, la administración pública, los servicios básicos y la infraestructura estarían en jaque.

La mirada de Ricardo Arriazu: la economía real contra la teoría extrema

Desde la perspectiva del economista Ricardo Arriazu, las reformas fiscales deben considerar la capacidad de las economías regionales para adaptarse. En varias oportunidades, ha señalado que la Argentina no puede permitirse soluciones teóricas desconectadas de la realidad económica. Según su análisis, un sistema de financiamiento autónomo funcionaría en un país con economías desarrolladas y competitivas, pero no en uno donde las provincias históricamente han dependido de transferencias para cubrir déficits estructurales.

Arriazu sostiene que la eliminación de la coparticipación podría generar un efecto de contracción económica, dado que la mayoría de las provincias no cuentan con la base tributaria para sostener sus estructuras de gasto. En el caso de Jujuy, donde el empleo estatal representa una parte fundamental del mercado laboral, el retiro de estos fondos equivaldría a una recesión autoinfligida.

Además, la presión fiscal se volvería insostenible. Si la provincia intentara compensar la falta de coparticipación aumentando impuestos locales, enfrentaría una mayor fuga de empresas y una caída del consumo, empujando a más sectores a la informalidad. Es decir, el remedio podría ser peor que la enfermedad.

¿Un camino viable o un salto al vacío?

El argumento a favor de la eliminación de la coparticipación radica en la necesidad de que las provincias asuman mayor responsabilidad fiscal, reduciendo el gasto público improductivo y promoviendo la eficiencia. Sin embargo, aplicar esta medida de manera abrupta en un contexto de fragilidad económica y crisis de ingresos puede traducirse en una catástrofe social.

Jujuy, como muchas otras provincias del norte, no cuenta con una estructura productiva robusta que le permita autofinanciarse sin colapsar. Sin una transición ordenada o un esquema de compensación, la eliminación de la coparticipación significaría una asfixia económica, con despidos masivos, caída de la inversión y deterioro de los servicios básicos.

¿Libertad o abandono?

Si bien la autonomía fiscal es un objetivo deseable, Milei propone alcanzarla mediante un shock extremo que podría desatar efectos no deseados. En términos de Arriazu, cualquier reforma estructural debe considerar las capacidades reales de adaptación y la viabilidad económica de cada región.

Sin una planificación gradual y sin un modelo de desarrollo productivo que respalde a las provincias más vulnerables, eliminar la coparticipación no sería un paso hacia la independencia fiscal, sino una condena a la precarización y el retroceso económico de Jujuy. El riesgo de que la «motosierra» se convierta en una «guillotina» para las provincias más débiles es demasiado alto como para ignorarlo.