Negligencia mortal: UATRE denuncia a Milei por la primera víctima fatal de la intervención en OSPRERA

La intervención de la obra social OSPRERA ordenada por el gobierno de Javier Milei ya tiene su primera víctima fatal: José Alfredo Garavento, un trabajador rural de 58 años que padecía cáncer de colon y que falleció luego de que se le negara el tratamiento de quimioterapia, a pesar de que su cobertura estaba garantizada por los aportes regulares.

El escándalo ha detonado una denuncia penal presentada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) contra el ministro de Salud, Mario Lugones, el Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, y el interventor de la obra social, Marcelo Petroni. Se los acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y abandono de persona seguido de muerte.

El caso Garavento: una muerte anunciada

Garavento fue diagnosticado con cáncer de colon en 2020 y, tras una cirugía y un tratamiento de quimioterapia, logró cierta estabilidad. Sin embargo, en 2023 la enfermedad regresó y se le prescribió una nueva tanda de quimioterapia que comenzó en mayo de 2024 con aplicaciones quincenales. La obra social OSPRERA, antes de la intervención, cubría íntegramente su medicación.

El drama comenzó en octubre de 2024, cuando el gobierno de Milei intervino la obra social. Tres meses después, en enero de 2025, la nueva conducción de OSPRERA, encabezada por el interventor Marcelo Petroni, interrumpió el tratamiento de Garavento sin previo aviso ni justificación. Se iniciaron entonces los reclamos de su familia y de UATRE, que el 22 de enero envió una carta documento intimando a Petroni a restablecer el tratamiento. La respuesta fue el silencio y el abandono.

Finalmente, el 26 de febrero, tras semanas de deterioro y agonía, Garavento murió en el Hospital Ramón Castillo de Saladillo, dejando un mensaje trágico y revelador sobre las consecuencias de la intervención estatal en OSPRERA.

Milei, la motosierra y la tragedia de los trabajadores rurales

La historia de Garavento no es un caso aislado. UATRE ha denunciado cortes masivos en tratamientos de pacientes con cáncer, VIH y enfermedades crónicas desde la intervención de la obra social. Bajo la bandera de la austeridad y el ajuste, el gobierno de Milei ha aplicado recortes brutales en la cobertura de salud de los trabajadores rurales, uno de los sectores más vulnerables del país.

Desde la intervención, se han multiplicado los casos de pacientes sin acceso a medicamentos esenciales, en un contexto de crisis sanitaria donde la inflación y la desregulación del sector salud han encarecido exponencialmente la atención médica privada.

Isolina Margarita Lafferrairie, viuda de Garavento, fue contundente en su testimonio:

«Que la cara de José sea representación de muchos y que no haya más gente como él que, con 58 años y tantos sueños por cumplir, le fueron negados por la obra social. Que sus fotos recorran las redes, que los que debieron hacer su trabajo y no lo hicieron sientan un poquito de lo que estamos pasando nosotros.»

La denuncia penal impulsada por UATRE enfatiza que Petroni tenía conocimiento de la situación crítica de Garavento desde enero, pero decidió ignorarla, omitiendo sus responsabilidades como funcionario público. A su vez, la acusación alcanza a Lugones y Oriolo, señalándolos como coautores y partícipes necesarios en un esquema de desprotección y abandono que ya cobró su primera víctima.

El peligro de un ajuste sin control: ¿Cuántas vidas más se perderán?

La muerte de Garavento expone una realidad innegable: el ajuste brutal sobre la salud no es una cuestión de números, sino de vidas humanas. El caso no solo pone en el centro de la polémica la intervención de OSPRERA, sino que reabre el debate sobre los límites de la «motosierra» de Milei.

¿Es la reducción del gasto público un fin en sí mismo, incluso a costa de la vida de los ciudadanos? ¿Cuántos más quedarán en el camino antes de que el gobierno reconozca que una política de ajuste sin planificación es una sentencia de muerte para los sectores más vulnerables?

La imagen de un trabajador rural que aportó toda su vida y que, cuando más lo necesitó, fue abandonado por el sistema que debía protegerlo, se convierte en un símbolo del precio real del ajuste libertario. Y la gran pregunta es: ¿Quién será el próximo?