“Regalías cero: la carrera al abismo entre provincias empobrecidas y el nuevo pacto extractivista”

La declaración del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, proponiendo regalías mineras cero para atraer inversiones, no sólo estremece al tablero político, sino que desnuda, con brutal sinceridad, la nueva lógica del país desarticulado: una Argentina donde las provincias compiten a muerte por migajas del capital transnacional, dispuestas a entregar sus recursos naturales a cambio de empleos escasos, exenciones impositivas y una falsa promesa de desarrollo.

Cornejo lo dijo sin eufemismos: si otras provincias ofrecen beneficios extraordinarios, Mendoza no se puede quedar atrás. La lógica del “mal menor” se convierte en doctrina de Estado. Ya no se trata de fijar condiciones para un desarrollo equilibrado, sino de liberar las últimas barreras institucionales para que el saqueo avance sin obstáculos. En nombre de la “competitividad”, el gobernador propone que el subsuelo mendocino esté disponible gratis, mientras el resto del país observa con resignación cómo se profundiza la fragmentación federal.

En ese mismo discurso, el mandatario también denunció el sistema de obra pública nacional como un mecanismo fallido que ha dejado a las provincias a su suerte, obligándolas a buscar financiamiento externo o paralizar proyectos esenciales. Es, sin duda, un síntoma más del deterioro estructural del federalismo argentino. El ajuste nacional no solo recorta partidas, sino que convierte a cada provincia en una isla que debe autofinanciar su supervivencia… o desaparecer.

El problema es tan político como económico. No hay “pacto fiscal”, no hay “plan productivo” que ordene las prioridades del país. La Argentina de Milei profundiza lo que los gobiernos anteriores, incluido el kirchnerismo, ya venían normalizando: un modelo de país entregado a los intereses mineros, agroexportadores o financieros, según la temporada, sin una mirada estratégica ni acuerdos federales. Mientras tanto, las provincias más ricas en recursos naturales compiten por quién entrega más beneficios, en una carrera al abismo que termina por consagrar la desigualdad como ley fundante.

Este proceso de desarticulación no es sólo económico, sino institucional. ¿Qué queda del federalismo cuando una provincia debe renunciar a cobrar regalías para no quedarse sin inversiones? ¿Qué democracia real puede funcionar si los gobiernos provinciales solo tienen dos opciones: someterse al extractivismo o resignarse a la parálisis?

Cornejo, como tantos otros, elige jugar el juego con las reglas del mercado más salvaje, pero sin discutir por qué las provincias deben competir entre sí como si fueran naciones enemigas. El Gobierno Nacional mira desde la tribuna, celebrando que el “mercado” está funcionando, mientras las asimetrías se profundizan y el tejido productivo se destruye en favor de economías enclavadas, extractivas, y desconectadas del desarrollo territorial.

La “motosierra” libertaria —como el “Estado presente” kirchnerista antes— no logra reconstruir un pacto real de gobernabilidad y desarrollo. Lo que se consolida es otra cosa: una nueva lógica colonial, sin corona, pero con capitales que dictan el ritmo de la explotación. Lo que ayer era un problema ambiental, hoy es un problema estructural de soberanía y justicia interprovincial.

Mendoza inicia la competencia al fondo. ¿Quién la sigue? ¿Jujuy? ¿Catamarca? ¿San Juan? Si la renta minera no queda en manos del pueblo, si los beneficios son efímeros y los costos permanentes, si las provincias se canibalizan entre sí, ¿qué queda de la Argentina como proyecto común?.