La Argentina se vende barata: el experimento libertario que legaliza la evasión y castiga al que trabaja

Desde el 10 de diciembre de 2023, la Argentina dejó de ser una república con tensiones para convertirse en un laboratorio salvaje donde se ensaya, en tiempo real, la destrucción metódica del Estado, la legalización del privilegio, y la exaltación del saqueo como política económica. Lo que comenzó como un módico triunfo electoral en distritos estratégicos, fue transformado por el gobierno de Javier Milei en una presunta validación plebiscitaria para dar vuelta el país como una media, consolidando una arquitectura económica que sólo favorece a una casta: la de los evasores, los especuladores y los fugadores seriales.

La puesta en escena fue tan grotesca como reveladora: el propio presidente argentino, frente a un auditorio de empresarios norteamericanos, dijo sin pudor que Argentina está “baratísima” y que es el momento ideal para comprarla. No se trató de una metáfora económica, sino de una declaración de intenciones: el país como mercancía, como saldo de outlet, ofrecido en una subasta global al mejor postor. Sin garantías institucionales, sin estabilidad normativa, sin protección social. Un territorio desguazado y rematado.

Un país de evasores glorificados y trabajadores sacrificados

El nuevo régimen anunciado por Caputo y Sturzenegger no es un “blanqueo de capitales”: es una amnistía estructural, sin monto límite, sin fecha de vencimiento, sin preguntas incómodas y sin consecuencias penales. En otras palabras: una legalización plena de la evasión, un “jubileo” perpetuo para el capital negro. A partir de ahora, cualquier fortuna acumulada por medios opacos podrá ser blanqueada sin explicar su origen.

Pero mientras tanto, el asalariado argentino sigue pagando IVA, Ganancias, aportes y tasas municipales. El nuevo pacto social que propone el mileísmo es brutal y descarnado: el Estado se achica para dejar espacio al mercado, pero no se lo financia con el aporte de los que más ganan, sino con el bolsillo del que trabaja. Es decir, el empresariado nacional e internacional se queda con el negocio y el pueblo financia las cloacas, la electricidad, las rutas y los hospitales.

La mentira como política pública

Caputo —el mismo que endeudó al país en tiempo récord durante el macrismo— afirma hoy que “la economía crece al 6%” y que “la inflación colapsa”. Falso: el PBI cayó más del 5% en 2023, y la inflación baja porque se pulveriza el consumo, se licúan los salarios, y se congelan las jubilaciones. La ecuación es clara: menos actividad, menos demanda, más recesión. Pero el relato sigue funcionando, porque los medios mayoritarios lo repiten sin contrapunto y gran parte de la dirigencia opositora mira para otro lado.

Mientras tanto, la cuenta corriente se vuelve negativa, la balanza comercial se achica, las importaciones se disparan y los dólares se fugan por la puerta grande del “puerta a puerta” y las compras en Amazon. Estamos ante una economía insostenible, que vive de deuda, blanqueos y fuga, y cuya única estrategia de corto plazo es explotar al máximo una burbuja de consumo para las clases medias altas antes del inevitable estallido.

La batalla cultural: deshumanizar para saquear

Milei, en su discurso más reciente, volvió a utilizar terminología fascista para referirse a sus opositores: “orcos”, “cucarachas”, “enemigos culturales”. Esta retórica no es un exabrupto ni un accidente: es parte de una estrategia de guerra cultural para deshumanizar al adversario, justificar el ajuste brutal y aislar socialmente a los sectores más castigados.

Como bien advirtió la historia —y como recuerda la obra de Kafka— cuando se convence a una sociedad de que un grupo ya no es humano, se abre la puerta a la violencia impune. Hoy no estamos ante metáforas: ya hay sindicalistas amenazados, docentes estigmatizados, estudiantes reprimidos. ¿Cuánto falta para que la violencia simbólica se vuelva física?

Un Estado mínimo para una elite máxima

El plan es claro: achicar el Estado para que los dueños de la Argentina se queden con todo. El ajuste no busca eficiencia, busca concentración. Cuando el Estado no financia comedores, hospitales, escuelas o transporte, no desaparecen esas necesidades: simplemente las reemplaza el mercado, y quien no puede pagar, queda afuera. La economía del “sálvese quien pueda” vuelve recargada, con blanqueo para el narco y tarifazo para el jubilado.

No hay país viable si la elite no contribuye. No hay república si el evasor es héroe y el laburante es rehén. No hay desarrollo si el capital especulativo reemplaza al productivo.

La pregunta no es si este modelo es sostenible: sabemos que no lo es. La pregunta es cuánto dolor va a tolerar la sociedad antes de reaccionar. Y si cuando lo haga, todavía quedará algo de Argentina que valga la pena reconstruir.