DECRETO 341/24: LA MUERTE CIVIL DEL DERECHO A HUELGA EN ARGENTINA

Por Jorge Lindon // Argentina ya no tiene derecho a huelga. No es un titular sensacionalista. Es la radiografía brutal de un país que, mientras imposta libertad, suprime derechos sociales esenciales. Con la firma de un nuevo decreto reglamentario (341/24), el gobierno nacional avanzó —sin tapujos ni consenso democrático— en la aniquilación del derecho constitucional a huelga. Y lo hizo de la forma más temeraria: bajo un decreto simple, escondido detrás de tecnicismos administrativos ligados al transporte fluvial.

El truco de la “esencialidad”

El decreto no prohíbe la huelga —eso sería escandaloso hasta para el más recalcitrante liberal—, pero declara como “esenciales” o “estratégicas” a casi todas las actividades económicas del país. ¿Resultado? Si sos trabajador de transporte, salud, alimentos, telecomunicaciones, educación, energía, banca, comercio, logística, medios, construcción o exportación (es decir, cualquier sector que importa en serio para la economía) solo podrás ejercer una huelga… trabajando el 75% de tu jornada.

¿Puede haber paro con el 75% del personal activo? No. Es una burla. Una traición institucional.

Inconstitucionalidad a la vista

Esto no es nuevo. El DNU 70/23, que incluía este atropello, fue declarado inconstitucional por la Justicia del Trabajo gracias a una presentación de la CGT. Sin embargo, lejos de acatar la decisión judicial, el gobierno reincide. Cambia de forma, pero no de fondo. Lo que fue tumbado por inconstitucionalidad se intenta ahora reinstalar en partes, disimulado, pero con consecuencias aún más gravosas.

¿Dónde están el Congreso y los gobernadores? ¿Dónde están los que se llenaban la boca de “república” y “división de poderes”?

Estrategia: silencio, confusión y disciplinamiento

El decreto pasó casi inadvertido. Lo supieron tarde y por los medios incluso los funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Mientras tanto, los grandes medios lo vendieron como una “racionalización” o “límite al abuso sindical”. Es el manual de siempre: estigmatizar a los trabajadores organizados, infantilizar la protesta, criminalizar el conflicto.

Pero esta vez el objetivo es más ambicioso: disciplinar preventivamente al pueblo entero en medio del ajuste más brutal de las últimas décadas.

¿Por qué ahora?

Porque la recesión es total, los salarios están licuados, las paritarias nacionales están desfinanciadas y el Estado se retiró de todo rol moderador. Solo quedaba la protesta. Ahora también será ilegal.

Mientras tanto, la inflación se desacelera no por política inteligente, sino por ahogo económico, por licuación del poder de compra. Se cocina un escenario explosivo. Y para eso necesitan reprimir sin límites, blindar el modelo.

No quieren trabajadores, quieren súbditos.

Una democracia sin huelga es una dictadura del mercado

No hay sistema democrático posible si no existe la posibilidad de protestar. Si el trabajador no puede parar, su rol cívico se disuelve. Lo transforman en una pieza más del engranaje de explotación.

Y todo esto ocurre mientras se saquea a las provincias, se desfinancia la salud, se cierra el INADI, se acalla el disenso y se convierte la democracia en una puesta en escena sin contenido.

¿Quién va a frenar esto?

Hoy no hay tiempo para grises. Ni para oportunismos. Lo que está en juego es el equilibrio de poder entre capital y trabajo, es el derecho a defenderse cuando el salario no alcanza, cuando te echan, cuando te humillan.

Lo que está en juego es si los trabajadores argentinos seguirán siendo ciudadanos o quedarán reducidos a engranajes mudos del modelo extractivo que se consolida desde arriba.