“Matar al maestro: la nueva ofensiva libertaria contra la educación pública en Jujuy”

“Lo que establecieron es que el Estado se corre de la paritaria nacional docente… cada provincia le va a pagar lo que pueda a los maestros… Se termina la huelga: cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario así como la educación especial se terminaron las huelgas.”

En un país que todavía ostenta ser una república federal, el gobierno nacional ha decidido dinamitar uno de los pilares que daba cohesión al sistema educativo argentino: el Consejo Federal de Educación. Lo hizo sin debate parlamentario, por decreto y en nombre de un falso federalismo que encubre una política brutal de desguace del Estado. La medida implica que ya no habrá negociación nacional de los salarios docentes: cada provincia deberá arreglárselas como pueda. En una provincia como Jujuy, empobrecida, endeudada y dependiente de la coparticipación, esto no es una descentralización virtuosa, sino una sentencia de empobrecimiento irreversible para quienes enseñan.

En paralelo, otro decreto —camuflado como regulación de transporte fluvial— declaró la educación un “servicio esencial”, lo cual en la práctica anula el derecho de huelga docente. A partir de ahora, las provincias no solo tendrán que “hacerse cargo” de los salarios, sino que también contarán con el aval legal para reprimir cualquier intento de protesta. En Jujuy, donde la represión a los trabajadores ya es política de Estado, esta combinación de medidas preanuncia un futuro de docentes pobres, silenciados y vigilados.

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La educación ha dejado de ser un derecho garantizado por la Nación para convertirse en un problema presupuestario provincial. Como en los 90, volvemos al país de las “provincias inviables”, pero con un agravante: ahora se trata de una política planificada, no de una catástrofe económica. Jujuy, sin recursos propios suficientes, no podrá cumplir con un piso salarial digno para sus docentes. ¿Cómo garantizar la calidad educativa si el sueldo de los maestros depende de la voluntad o posibilidad de cada gobernador?

Al eliminar el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensatorio, ya se había socavado un 10-12% del salario docente en muchas jurisdicciones. Ahora, con la eliminación del Consejo Federal de Educación y el cercenamiento del derecho a huelga, se profundiza una estrategia nacional para desestructurar el sistema educativo público, despreciar a sus trabajadores y criminalizar su defensa.

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La narrativa oficial es la libertad. Pero, ¿qué libertad hay cuando un maestro jujeño gana un salario que apenas le permite sobrevivir y, encima, no puede protestar por ello? La “libertad” que propone el gobierno de Javier Milei es, en realidad, la del patrón para pagar lo que quiera sin que nadie se le enfrente. Es la libertad del poder económico para ajustar sin resistencia, la del Estado ausente cuando debe garantizar derechos, y omnipresente cuando se trata de reprimir.

Este decreto es más que una medida técnica: es un cambio de régimen laboral y político. Bajo el argumento de “ordenar” el sistema educativo, el oficialismo nacional y provincial promueven un modelo de maestros disciplinados por el hambre y el miedo. Se está ejecutando un proyecto de país sin derechos sociales, sin diálogo democrático y sin futuro para los hijos de los trabajadores. Y Jujuy es el laboratorio perfecto: aislada, reprimida, empobrecida.

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Se avecina un escenario devastador. Mientras las tarifas y el costo de vida se disparan, los salarios se congelan por decreto. Y si alguien osa levantar la voz, se le recuerda que su actividad es esencial y, por ende, su protesta ilegal. La huelga, herramienta última del débil frente al poderoso, ha sido reducida a una pantomima del 25%. El Estado, en lugar de garantizar condiciones mínimas de equidad, se ha convertido en una máquina de desprotección sistemática.

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El gobierno nacional ha resuelto que el derecho a la educación solo existe si se imparte sin molestar al presupuesto ni al relato oficial. Y si no, que se muera en silencio el maestro, que se callen los estudiantes, que desaparezca la escuela pública. Porque el verdadero objetivo es ese: dejar en pie solo aquello que no cuestione al poder. El nuevo orden ya no necesita educadores, sino empleados obedientes. Y Jujuy, otra vez, paga el costo de este experimento libertario.