Abogados de Gerardo Morales piden celeridad en el inicio del juicio oral contra Milagro Sala
Los abogados del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, solicitaron ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de esa provincia que el juicio contra la dirigente social Milagro Sala por amenazas al mandatario se inicie «en un plazo mínimo».
Los abogados del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, solicitaron ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de esa provincia que el juicio contra la dirigente social Milagro Sala por amenazas al mandatario se inicie «en un plazo mínimo».
Sala está detenida en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, bajo cargos de asociación ilícita y fraude contra la administración pública, entre otras 14 causas que incluyen daño agravado y amenazas contra policías.
Esta causa se inició por un hecho registrado en octubre de 2009, cuando militantes de la organización Tupac Amaru realizaron un «escrache» contra Morales, entonces senador, y Leandro Despouy, entonces a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el marco de una conferencia en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy sobre el manejo de fondos públicos por parte de organizaciones sociales.
La presentación de la querella se realizó después de conocerse, ayer, una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Sala y seguirá investigando a la líder de la Tupac Amaru en la causa por amenazas coactivas contra Morales.
«Casación ha fallado correctamente y Sala va a juicio», afirmó Rivas y opinó que «se ha hecho justicia».
Rivas recordó que «hace seis meses tuvimos que enfrentar una decisión tribunal de Jujuy por una cuestión que planteaba el sobreseimiento de Milagro por una prescripción o la caducidad de la acción (amenazas) por el tiempo transcurrido».
«Pero el equipo jurídico (del cual Rivas es miembro) manifestó que no existía ningún tipo de prescripción porque la condena que le correspondería no sería de dos años en este tipo de delito sino de cuatro; por esa razón se presentó el recurso y Casación revocó el fallo del TOF que le daba la razón a la defensa», explicó Rivas.
Casación resolvió que el ilícito a investigar es el de coacción (amedrentar para que se haga o no se haga algo), que conlleva un castigo de hasta cuatro años de cárcel.
Junto a Sala también están imputados en la causa por el «escrache» Ramón Salvatierra y María Graciela López, dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales, por «daños agravados» y «amenazas», con diferencias en cuanto al grado de participación que le cupo a cada uno de ellos.
«Estimamos desde la querella que (Sala) va a ser condenada y los abogados van a pedir la pena máxima, que sería de ocho años, porque los dos delitos se concursan realmente», aseguró Rivas.
Por su parte, la abogada defensora de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró hoy que «no teníamos dudas que la Sala IV (de la Cámara Federal de Casación Penal) no nos iba a habilitar la vía extraordinaria», por lo que la resolución de ese tribunal «no nos sorprendió en lo más mínimo».
«Sabemos quiénes son los que la integran y sabemos la posición que tienen», declaró a Télam.
Consultada sobre si van a recurrir a una instancia superior, Gómez Alcorta dijo que «estamos evaluando si presentamos un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación», aunque «los quince mil pesos que hay que pagar para nosotros es hoy un problema», aseguró.
