Redacción Perico Noticias // La reciente aprobación de la Ley Nro. 6.439, que declara la afectación de inmuebles estatales en el Barrio Alto Comedero para la construcción de un establecimiento de salud, despierta más dudas que certezas. ¿Afectación para quién? ¿Será este otro negocio encubierto bajo la figura de inversiones público-privadas, como ya hemos visto en otras ocasiones? El silencio y el oscurantismo en la redacción y ejecución de este tipo de leyes no solo generan desconfianza, sino que además consolidan un modelo de gestión que traiciona el mandato popular.
1. El problema de la transparencia legislativa
Es innegable que Jujuy enfrenta grandes desafíos en materia de salud pública, especialmente en zonas como Alto Comedero, que experimentan un crecimiento poblacional sostenido y una creciente demanda de servicios. Sin embargo, la falta de claridad en las disposiciones de la Ley Nro. 6.439 plantea interrogantes legítimos:
- ¿Quién gestionará estos inmuebles?
- ¿Qué garantías existen de que los beneficios serán realmente para la comunidad?
- ¿Qué mecanismos de control público se implementarán para evitar que esta «afectación» termine siendo un negocio para unos pocos?
La Legislatura tiene la obligación de garantizar la transparencia y especificidad en sus decisiones, dejando en claro los alcances de estas leyes y evitando la ambigüedad que abre la puerta a los abusos. Sin embargo, lo que vemos es un sistema que parece diseñado para esconder más de lo que revela.
2. Inversiones público-privadas: un modelo opaco
En los últimos años, las inversiones público-privadas se han presentado como la panacea para resolver los problemas estructurales de la provincia. Bajo este modelo, lo que debería ser un beneficio para el pueblo termina siendo un negocio lucrativo para empresas privadas que, en muchos casos, operan sin rendir cuentas.
La afectación de inmuebles estatales es una herramienta poderosa que, en manos de un gobierno responsable, puede ser un instrumento de desarrollo social. Pero en un contexto de oscurantismo legislativo, puede transformarse en otro mecanismo de despojo, donde los recursos públicos son entregados al mejor postor mientras los verdaderos dueños, los ciudadanos, quedan excluidos.
3. El silencio legislativo: complicidad o negligencia
La falta de comunicación clara por parte de los legisladores sobre los alcances y objetivos reales de esta ley no solo es un error político, sino una traición al principio de representación popular. La opacidad en temas tan sensibles como la gestión de inmuebles públicos solo alimenta la desconfianza ciudadana hacia un sistema político que cada vez se percibe más distante de las necesidades reales del pueblo.
Es fundamental que los legisladores entiendan que su deber es legislar en función de los intereses de los ciudadanos, no de las élites económicas ni de los grupos de poder que históricamente han saqueado los recursos de la provincia. Las omisiones deliberadas y los entuertos legales que ocultan los verdaderos destinatarios de estas políticas serán recordados y castigados en 2025.
4. Reflexión: ¿A quién sirven los representantes?
La aprobación de leyes como la 6.439 debería ser un recordatorio para nuestros representantes de que su mandato no es un cheque en blanco. El pueblo de Jujuy merece claridad y honestidad en la gestión de sus recursos. La construcción de un establecimiento de salud no puede ser utilizada como un pretexto para beneficiar a intereses privados bajo el manto de la «afectación» de inmuebles públicos.
Es necesario que la Legislatura adopte un enfoque más inclusivo y participativo, donde los ciudadanos puedan opinar y supervisar el uso de los bienes públicos. La opacidad no es un accidente; es una estrategia. Y como tal, debe ser combatida con exigencia ciudadana y mecanismos claros de rendición de cuentas.
5. Exigencias al futuro legislativo
Para evitar que estas situaciones sigan ocurriendo, es crucial implementar una serie de medidas:
- Auditorías públicas obligatorias: Todos los proyectos que impliquen afectación de inmuebles estatales deben ser sometidos a auditorías públicas que evalúen su impacto social, económico y ambiental.
- Participación ciudadana: Los proyectos de ley deben abrirse a consultas ciudadanas, especialmente cuando involucran recursos públicos.
- Rendición de cuentas: Los legisladores deben explicar en detalle los alcances de cada ley que aprueban, incluyendo los beneficiarios directos e indirectos.
- Sanciones por omisiones deliberadas: Las omisiones que favorecen intereses privados a expensas del pueblo deben ser castigadas con rigor.
Basta de traicionar al pueblo
El pueblo jujeño merece representantes que estén a la altura de las circunstancias, que actúen con transparencia y que legislen para el bienestar colectivo, no para intereses oscuros. La Ley Nro. 6.439 puede ser una oportunidad para mejorar la calidad de vida en Alto Comedero, pero solo si se gestiona con honestidad y claridad.
Como ciudadanos, debemos exigir que nuestras instituciones se alineen con las necesidades reales del pueblo. En 2025, el mensaje debe ser claro: los entuertos y las traiciones serán castigados. Porque la soberanía de los bienes públicos no es negociable, y quienes no lo entiendan deberán rendir cuentas ante la historia.
