Afirman que nueva la Ley de Hidrocarburos favorece la especulación empresaria

Las modificaciones previstas en la nueva Ley de Hidrocarburos no son pensadas para potenciar las inversiones internacionales sino para mejorar la posición de YPF respecto de las provincias o de las empresas petroleras provinciales. Esa es la principal conclusión de un extenso informe técnico acerca de la norma que finalmente acordó Cristina Kirchner con los gobernadores, tras semanas de durísimos cruces.

Se trata de un pormenorizado análisis que realizó el economista Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles del gobierno de Néstor Kirchner, y al que accedió en forma exclusiva LPO. Folgar fue quien hace unos meses anticipó con un informe similar los brutales aumentos que sufrirían los usuarios de gas.

Folgar destaca varios puntos positivos de la nueva ley, como la unificación de las tasas impositivas que deben pagar las empresas y los criterios de los pliegos de licitación. Pero también recuerda que a los gigantes petroleros internacionales poco les importan este tipo de cosas cuando el negocio es bueno.

“Las petroleras importantes negocian contratos en África, en Irak, en Irán, en Venezuela, en Rusia, con los talibanes, en Uganda, en Nigeria, etc. ¿Alguien cree que si el negocio es interesante no invertirán porque Neuquén ofrece contratos distintos en comparación con Salta? Estas empresas tienen más experiencia en contratos y licitaciones que en interpretación de líneas sísmicas”, destaca Folgar.

Un punto interesante es el análisis respecto a las concesiones de explotación. Allí, el economista critica que una concesión on shore de no convencionales tenga 40 años de plazo y uno off shore convencional tenga 30 años. “El consenso generalizado en la industria es que los no convencionales on shore tienen menos costo y menor riesgo de desarrollo que la plataforma continental. ¿Por qué habría que darle 40 años a los menos riesgosos y 30 a los más riesgosos?”, cuestiona.

Pero Folgar también cuestiona el tipo de concesión, alertando que favorece la especulación empresaria. “¿Y si en lugar de poner un plazo de concesión se permite a quien descubre el yacimiento que lo explote hasta agotarlo? Sería un buen incentivo para los inversores, reduce el riesgo regulatorio de la discusión de los plazos e incrementa el incentivo de maximizar reservas”, indica.

Folgar explica que este criterio tiene como supuesto que la asignación de un área a explotar en determinada cantidad de años “permite que el concesionario ‘regule’ el ritmo de las inversiones a lo largo del tiempo”.

“Si se le asignara a cada concesionario una superficie equivalente al lote descubierto, la posibilidad de especular ‘guardando km2 para mas adelante’ desaparece”, agrega el informe, que destaca que ese es un principio que funciona en la minería y que no sería complicado replicarlo en los hidrocarburos.

“Requiere que la Autoridad de Aplicación otorgue inicialmente sólo una superficie equivalente al descubrimiento realizado, pudiendo el inversor conservar la superficie remanente como Permiso de Exploración”, analiza.

Folgar agrega que actualmente se dan como concesiones de explotación áreas muy grandes que exceden el descubrimiento, por lo que el concesionario tiene todo el plazo de la concesión para explorar el área remanente.

“La fórmula propuesta por el nuevo proyecto no genera incentivos para aumentar la exploración, sólo aumenta los incentivos para retener áreas y explorarlas a conveniencia del concesionario y no del titular del recurso. Obviamente el inversor prefiere que le den mayor plazo de concesión por la mayor cantidad de km2 posibles”, dice el informe.

Ese tipo de incentivos son contrarios a los intereses de las provincias y la Nación, mucho más en un contexto donde se necesita urgentemente aumentar la producción. “A ambos les conviene que se potencie la actividad exploratoria o la explotación, no que se especule temporalmente con la titularidad de las concesiones”, completa.

El “carry” para YPF

El informe sostiene que el aspecto mas controversial del proyecto es el referido al “acarreo” o “carry”, un mecanismo que las empresas provinciales, como GyP en Neuquén, utilizan para asociarse con los inversores sin poner dinero (devuelven su parte con lo producido del área).

“¿El acarreo espanta inversores? No, el problema de YPF es que necesita que las provincias no se sumen a los proyectos siendo ‘acarreadas’. Si los inversores acuerdan con las provincias, ¿para qué necesitan a YPF?”, afirma Folgar.

“Como YPF no puede conseguir los fondos necesarios paradesarrollar en gran escala los hidrocarburos no convencionales necesita del acarreo. (…) El proyecto de Ley no elimina o prohíbe el acarreo, sólo limita al titular del recurso. Así, las provincias no podrían ser acarreadas pero YPF sí”, concluye el ex secretario de Combustibles de la Nación.