El Ministro de Desregulación y Transformación es el encargado de redactar el texto. Las facultades extraordinarias otorgadas a Milei le permiten eliminar funciones y estructuras jurídicas de los entes.
El Gobierno de Javier Milei está impulsando una reforma del Estado que tiene como objetivo la eliminación de 60 organismos públicos.
Esta medida, liderada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuenta con la colaboración del vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la Secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.
El plan, que se ha estado gestando desde marzo, finalmente encontró un marco favorable tras las facultades administrativas otorgadas al presidente Milei por el Congreso a finales de junio.
El Gobierno ha expresado su intención de desregular áreas específicas del sector público que consideran no necesitan intervención estatal. En una declaración a TN, un funcionario señaló: «Queremos eliminar alrededor de 60 organismos que regulan áreas que no nos interesa intervenir. La idea es unificar algunos y reducir sus atribuciones«. Entre los organismos que se encuentran en la mira están el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE).
Las facultades extraordinarias otorgadas a Milei permiten al Ejecutivo eliminar competencias, funciones y estructuras jurídicas de cada ente, además de transferir organismos a las provincias que los soliciten. Sin embargo, ciertos organismos quedan fuera de esta intervención, incluyendo universidades, dependencias del Poder Legislativo y Judicial, y entidades como el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
La reubicación y protección de los empleados públicos afectados por estas medidas se rige por el artículo 52 de la Ley Bases. Este artículo establece que los empleados de áreas sujetas a eliminación o modificación tendrán un año de goce de sueldo mientras esperan ser reubicados. Durante este período, se les ofrecerá capacitación para realizar otras tareas o servicios tercerizados del Estado.
Asimismo, los empleados podrán ser transferidos a provincias y municipios. La ley también contempla una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, basado en la mayor remuneración del último año. No obstante, el Ejecutivo incluyó una cláusula que le permite no pagar indemnizaciones en caso de encontrar irregularidades, como inasistencias injustificadas, abandono de tareas o incumplimiento de horario.
En paralelo, el Gobierno busca reducir el número total de contratados estatales. Ya han disminuido de 72.000 a 48.000 y el objetivo es eliminar todos los contratos antes de 2026. Los despidos se ejecutan a través de revisiones contractuales trimestrales, un proceso que asegura la eliminación gradual y controlada de estos puestos.
Otra dimensión de la reforma es la simplificación de trámites y procesos estatales mediante el uso de inteligencia artificial. Este enfoque fue uno de los temas discutidos por Milei con los CEOs de Google, Sundar Pichai, y de OpenAI, Sam Altman. La tecnología promete agilizar y modernizar la administración pública, reduciendo la burocracia y mejorando la eficiencia en la prestación de servicios.
Además, el Ministro Sturzenegger está preparando el envío al Congreso de la Ley Hojarasca, una normativa que propone la eliminación de más de cien regulaciones obsoletas. Esta ley busca desburocratizar el aparato estatal y eliminar trabas que dificultan el funcionamiento eficiente del gobierno.
La eliminación de organismos y la reducción de la plantilla estatal, junto con la incorporación de tecnologías avanzadas, son componentes clave de una estrategia que pretende reducir aún más el gasto público y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos.
