“Ajuste para abajo, premio para arriba: el decreto que dinamita la autoridad moral de Milei”

Perico Noticias, 14 de enero del 2026 // Hay decisiones que no se explican con planillas: se explican con valores. Y cuando un gobierno construye su relato sobre “la casta”, “la motosierra” y el sacrificio como virtud pública, cualquier gesto que huela a privilegio se convierte en un misil a la línea de flotación moral. Eso es exactamente lo que ocurre con el Decreto 931/2025, que extiende desde enero de 2026 los incrementos acumulados de paritarias a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores, sin especificar en el texto un “monto” cerrado, sino un mecanismo de traslado del porcentaje acumulado.

El Gobierno intentó blindarse con dos cláusulas: no aplica al Presidente ni a la Vicepresidenta y no es retroactivo. Aun así, el problema no es jurídico: es simbólico. Porque la Argentina real —la de la góndola, el alquiler, el crédito “para llegar”, la changa— no está discutiendo si el decreto cumple el artículo tal o cual. Está mirando otra cosa: ¿quién paga el costo del ajuste y quién cobra la recompensa del ajuste?

En esa lectura social, el decreto cae en el peor momento. Varios informes periodísticos y mediciones muestran que los salarios del sector público (en especial el nacional) estuvieron entre los grandes perdedores del ciclo, con pérdidas fuertes de poder adquisitivo respecto de fines de 2023. Incluso cuando se menciona que los sueldos de autoridades superiores venían “congelados” y que también sufrieron deterioro real, el punto no mejora: si la política se empobreció, que lo resuelva con ejemplaridad, no con una autoasignación en la cima.

Desde management público, la incoherencia es doble. Primero, de narrativa: el gobierno que se vende como “anti privilegios” habilita una recomposición para su núcleo de decisión justo cuando la economía cotidiana sigue áspera, aun con inflación anual más baja. Segundo, de gobernabilidad: el decreto invita a provincias y municipios a replicar el congelamiento automático de autoridades superiores si hay déficit. (Boletín Oficial) Traducido: ajuste disciplinador hacia el interior del Estado subnacional… pero con una señal ambigua desde la Nación, que se permite reordenar arriba mientras abajo la discusión salarial se vuelve una guerra de desgaste.

El oficialismo dirá: “No es aumento, es equiparar con paritarias; además, si hay déficit fiscal se congela automáticamente”. Pero ese argumento no compra paz social: compra discusión. Porque el país está atravesando un modelo donde la desaceleración inflacionaria se consiguió —en parte— con salarios corriendo detrás y una economía más fría, y aun así en los últimos meses se observa una dinámica mensual que vuelve a tensar expectativas. Entonces la pregunta que emerge no es técnica: es ética y política. ¿Con qué autoridad se pide “aguantar” si el primer reflejo, en cuanto hay margen, es recomponer la cúspide?

Esto no es menor: es reputacional. Un gobierno no solo administra números; administra confianza. Y la confianza se destruye rápido cuando la sociedad percibe “doble vara”. En la práctica, el decreto le regala a la oposición un framing perfecto: “ajuste para el pueblo, recomposición para el gabinete”. Peor aún: erosiona a los propios defensores libertarios en concejos deliberantes y legislaturas, que quedan sin argumento emocional para sostener el discurso del sacrificio compartido. Nadie milita con pasión una planilla; se milita un sentido. Y acá el sentido cruje.

Si el Presidente quisiera evitar que esto sea una foto de época, hay una salida estratégica: convertir la recomposición en un gesto condicionado por resultados verificables y con máxima transparencia (publicación completa de escalas, topes explícitos, y una regla de hierro: ningún aumento arriba si el salario real abajo cae o si la pobreza/emergencia social empeora). Pero el decreto, tal como está planteado, funciona al revés: habilita, cubre formalmente, y deja la discusión pública librada a interpretaciones y bronca.

La moraleja es simple, y en Argentina pesa: cuando el poder pierde decoro, pierde autoridad. Y cuando pierde autoridad, el ajuste deja de ser “necesario” y pasa a ser “castigo”. En ese tránsito, la economía puede ordenar indicadores, pero la política enciende una mecha. Y una mecha —en un país cansado— nunca es una buena inversión.