Alarma en Jujuy: designación de militar como ministro de Seguridad desata rechazo unánime y pone en jaque la estabilidad institucional

La reciente designación del coronel retirado Juan Manuel Pulleiro como ministro de Seguridad de Jujuy ha generado una ola de críticas y preocupaciones entre diversas instituciones y sectores de la sociedad. Tanto la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica (CTPPL) como la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (FASIPP) han expresado su rotundo rechazo a esta decisión del gobernador Carlos Sadir, alertando sobre las posibles consecuencias negativas para la seguridad y la democracia en la provincia.

Luis Clavijo, presidente de la CTPPL, manifestó su «profunda preocupación» por la designación de Pulleiro, recordando experiencias fallidas en Latinoamérica donde la militarización de la función policial, especialmente bajo la conducción de militares formados en contextos de gobiernos de facto, ha tenido resultados desastrosos. Clavijo enfatizó que tales decisiones «han socavado la legitimidad de las instituciones policiales democráticas y han causado un profundo daño a los pueblos, al priorizar enfoques represivos por sobre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos».

Por su parte, Luis Miranda, secretario general de la FASIPP, calificó la designación como «un desprecio hacia los profesionales de la seguridad nativos de nuestra querida provincia» y alertó sobre un «cambio radical y peligroso en la política de seguridad que el gobierno de Jujuy parece dispuesto a implementar». Miranda subrayó que la llegada de Pulleiro, «un hombre de otra provincia, con un perfil netamente castrense», implica «un viraje hacia la militarización de la seguridad, un endurecimiento de la función policial cotidiana y un trato hostil hacia los gremios, las organizaciones sociales y todo movimiento de protesta pacífica».

La preocupación se intensifica al considerar que Pulleiro, durante su gestión como ministro de Seguridad en Salta entre 2019 y 2021, fue objeto de cuestionamientos y descontento en amplios sectores de la sociedad salteña. Además, su formación militar en un período oscuro de la historia argentina y su falta de experiencia en seguridad ciudadana generan dudas sobre su capacidad para liderar una cartera tan sensible.

Técnicamente, la designación de un coronel retirado al frente del Ministerio de Seguridad podría generar una «inferioridad jurídica y operativa» para los oficiales superiores de las fuerzas de seguridad de Jujuy, quienes quedarían subordinados a un oficial jefe militar sin la experiencia ni la especialización necesarias en seguridad ciudadana. Esta situación podría derivar en una ruptura en la cadena de mando y afectar la eficacia operativa de las fuerzas de seguridad provinciales.

Ante este escenario, las instituciones de seguridad y diversos actores sociales instan al gobernador Sadir a reconsiderar su decisión. Señalan que rectificar este nombramiento no sería un signo de debilidad, sino una muestra de «grandeza, sabiduría y maestría en el ejercicio del gobierno». La elección de un liderazgo en seguridad que provenga de profesionales formados en el ámbito de la seguridad ciudadana fortalecería la democracia en la provincia y garantizaría una seguridad pública más efectiva y respetuosa de los derechos humanos.

La designación inconsulta de Pulleiro y el rechazo generalizado que ha provocado evidencian la necesidad de un debate profundo sobre las políticas de seguridad en Jujuy. Es imperativo que las autoridades escuchen las voces de las fuerzas de seguridad, las organizaciones sociales y la ciudadanía para construir una estrategia de seguridad que priorice la profesionalización, el respeto a los derechos humanos y la confianza mutua entre las instituciones y la sociedad.