El Parque Industrial de Perico, ubicado a tan solo 200 metros del río Perico ya 700 del casco céntrico de una ciudad de 64.000 habitantes, se encuentra en el centro de una grave controversia. Tras una ley sancionada por la Legislatura provincial, se autorizó la venta de terrenos a una empresa de capitales chinos que instalará una planta cloro-álcali para producir ácido clorhídrico (HCl) y soda cáustica (NaOH) para extracción de litio, dos insumos de alto riesgo ambiental y sanitario.
Una fábrica química camuflada en un Parque Industrial
La instalación se presenta bajo la fachada de “Parque Industrial y Desarrollo Productivo”, pero lo que se montará es una planta química de alta peligrosidad. No se trata de simples talleres o fábricas de manufactura: hablamos de una industria que genera efluentes ácidos y alcalinos que, sin tratamiento riguroso, dejan el agua impropia incluso para riego.
El consumo de agua estimado supera los 500.000 m³ anuales, en un contexto en el que la región ya enfrenta déficit hídrico para sostener cultivos como tabaco, hortalizas y caña de azúcar. Es decir, esta industria competirá directamente con la población y con los agricultores locales por un recurso vital escaso.
Dimensión de la contaminación
- Ácido clorhídrico (HCl): su liberación accidental en aire o agua genera daños inmediatos en vías respiratorias, suelos y cursos hídricos.
- Soda cáustica (NaOH): altamente corrosiva, capaz de alterar el pH de aguas y suelos, volviéndolos inviables para la vida vegetal y acuática.
- Cloro y salmueras: el proceso puede liberar gases tóxicos y descargas salinas que destruyen ecosistemas ribereños.
- Ubicación crítica: al estar junto al río Perico, un derrame o descarga clandestina impactaría de forma directa sobre el agua que alimenta la vida urbana y agrícola de todo el valle.
Responsabilidades políticas y posibles delitos
La autorización de este emprendimiento plantea una cadena de responsabilidades que pueden alcanzar el terreno penal:
- Diputados provinciales: que votaron la ley habilitando la venta de tierras para un emprendimiento químico de alta peligrosidad, sin garantizar estudios de impacto ambiental independientes y sin aplicar el principio precautorio. Posible figura: incumplimiento de deberes de funcionario público y delitos contra la seguridad pública.
- Intendente y concejales de Perico: que, pese a estar dentro del ejido municipal, no exigieron audiencias públicas ni informes técnicos, desprotegiendo a los vecinos. Posible figura: omisión de actos propios de su función y complicidad en contaminación ambiental.
- Autoridades ambientales provinciales: que debieron velar por el cumplimiento de la Constitución de Jujuy (que garantiza un ambiente sano) y de la Ley General del Ambiente (25.675). De comprobarse negligencia o connivencia, serían corresponsables por daño ambiental colectivo.
La contradicción con la Constitución de Jujuy
La reforma constitucional de 2023 incorporó expresamente el derecho a un ambiente sano, la obligación de recomposición y la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales. Instalar una planta química de este tipo en plena área urbana no solo es un contrasentido político, sino que constituye una violación normativa directa.
Además, se eludió la consulta previa a comunidades y vecinos, generando un escenario de vulneración de derechos colectivos.
Una amenaza bajo la fachada de “progreso”
La instalación de esta planta no puede minimizarse como “progreso industrial”. Es, en los hechos, una bomba química en el corazón de Perico, con riesgos directos para la salud de miles de habitantes. La historia demuestra que accidentes en plantas cloro-álcali tienen efectos devastadores y persistentes en aire, agua y suelos.
El silencio o la indiferencia de las autoridades actuales y pasadas los convierte en actores corresponsables. El pueblo de Perico merece transparencia, participación y protección, no un experimento químico a espaldas de la ciudadanía.