Perico Noticias // La Argentina de Javier Milei se asemeja cada vez más a un equilibrista caminando sobre una cuerda floja, sin red de contención y con el abismo financiero a sus pies. Con un dólar artificialmente estable, tasas en alza para sostener la bicicleta financiera y un Fondo Monetario Internacional (FMI) observando con lupa cada movimiento, el Gobierno juega una partida a suerte y verdad, donde la apuesta final parece ser una sola: la inminente devaluación.
Mientras el oficialismo intenta no irritar a la sociedad, el Banco Central quema reservas a un ritmo preocupante para sostener la ilusión de estabilidad cambiaria. Según informes recientes, en lo que va del año, la entidad monetaria ha vendido más de USD 2.000 millones en futuros para evitar que el dólar se dispare, un costo altísimo por un espejismo que no puede sostenerse mucho tiempo más.
El carry trade, esa jugada especulativa donde los capitales ingresan al país para aprovechar tasas exorbitantes en pesos, está encareciendo cada vez más la deuda interna. La última renovación de títulos obligó al Ministerio de Economía a subir las tasas de interés para atraer inversores, lo que encarece el costo del financiamiento y genera un círculo vicioso donde la única salida es más ajuste o un nuevo colapso financiero.
Pero la verdadera bomba de tiempo está en la proyección inflacionaria: el Citigroup advierte que la segunda devaluación de Milei está al caer, con un escenario de precios desbocados y un inevitable golpe sobre el poder adquisitivo. La receta libertaria, basada en licuar salarios y enfriar la economía, está profundizando la recesión y empujando a la sociedad a un umbral de resistencia cada vez más crítico.
FMI, jueces y maniobras políticas: el Gobierno juega su última carta
El Gobierno sabe que la paciencia social no es infinita. Con la motosierra económica en plena marcha, Milei busca garantizarse impunidad política y judicial, designando jueces afines por decreto y acelerando el reordenamiento de la Justicia en favor de su agenda. La maniobra es clara: ante la posibilidad de un desborde social y la inminente explosión de la burbuja económica, el oficialismo apuesta a controlar los resortes institucionales para evitar futuras complicaciones legales.
El FMI, por su parte, observa con cautela y exige definiciones. La tregua con el organismo no será eterna, y en el horizonte cercano aparece la necesidad de nuevas renegociaciones, en un contexto donde las reservas netas siguen en rojo y los ingresos fiscales se desploman. La tensión entre las exigencias del Fondo y la estrategia electoral de Milei es evidente: el Gobierno necesita mostrar una estabilidad ficticia hasta que pueda implementar nuevas reformas estructurales, pero el costo de esta ilusión es cada vez más alto.
El fin de la burbuja y un país sin respuestas
La pregunta no es si la burbuja estallará, sino cuándo. La Argentina está parada sobre arenas movedizas, sin plan de contingencia y con un equipo económico que solo apuesta a prolongar la agonía lo más posible. La recesión se profundiza, el consumo se derrumba y las señales del mercado advierten que el ajuste no ha terminado.
El país está jugando su destino en un all-in financiero, donde cada maniobra del Gobierno parece diseñada para ganar tiempo en lugar de solucionar los problemas estructurales. Pero el reloj avanza y la paciencia social tiene un límite. Cuando la devaluación llegue —porque llegará—, el golpe será feroz, y la pregunta que quedará flotando en el aire será: ¿qué queda después del derrumbe?