Argentina endeudada: la clase media al límite en la economía de la crueldad

En el corazón de una Argentina agobiada por la inflación, el desempleo encubierto y la recesión programada, la clase media —ese eterno amortiguador social— atraviesa su peor momento desde la crisis de 2001. La ilusión de ascenso se desvanece, arrastrada por las tasas de interés usurarias, los recortes a lo público y una política económica diseñada para transferir riqueza desde los sectores trabajadores hacia los grupos más concentrados.

El informe de Bloomberg de esta semana reveló un dato alarmante: la morosidad en tarjetas de crédito trepó a su nivel más alto en tres años. Familias enteras recurren al plástico para comprar alimentos, pagar servicios o mantener el auto, y luego no pueden afrontar los vencimientos. Lo mismo ocurre con los préstamos personales, donde el 4% ya está en mora, y con los cheques rechazados, que alcanzaron un récord de cinco años. Estos indicadores son más que simples estadísticas: son el pulso de un país donde endeudarse para sobrevivir se volvió rutina.

El problema no es nuevo, pero sí se ha agravado bajo la gestión libertaria de Javier Milei. La eliminación de controles a las tasas de interés por mora —que ahora superan el 150% anual en muchas tarjetas— convirtió la deuda cotidiana en una trampa de la que pocos pueden salir. A esto se suma la desregulación de precios esenciales, los aumentos de tarifas y la licuación del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Mientras tanto, el gobierno repite su mantra de «déficit cero», aún a costa de vidas. Con el gasto público recortado a niveles históricos, hospitales como el Garrahan quedan al borde de la parálisis, los medicamentos para personas con discapacidad no llegan, y las universidades se desangran. La política fiscal no es neutral: como denuncian diversos economistas, el Ejecutivo transfirió el 0,4% del PBI en beneficios impositivos al sector más rico —bajando bienes personales— mientras negaba ese mismo monto en aumentos a jubilaciones mínimas.

Pero esta no es sólo una crisis económica. Es también una crisis moral. Se está consolidando una cultura del castigo al vulnerable, del mérito forzado, de la meritocracia de cartón: si no llegás a fin de mes, es porque hiciste malas elecciones. Si tu hijo no accede a un medicamento, es porque tu cobertura «no es eficiente». Si estás en negro, sos cómplice de tu empleador. Bajo este nuevo régimen discursivo, el Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en un verdugo selectivo que reparte premios a los ricos y penitencias al resto.

Ayer, mientras miles se movilizaban al Congreso por una mejora simbólica de $40.000 en el bono a jubilados, el presidente Milei amenazaba con vetar la ley. Su vocero Adorni prometía el rechazo “a cualquier intento de romper el equilibrio fiscal”. Equilibrio que, conviene repetir, se sostiene endeudando al país con préstamos al 30% anual en dólares mientras se recorta el plato de comida de los que menos tienen.

La clase media argentina —esa que sostiene el país con sus impuestos, su trabajo precarizado y su fe en un mañana mejor— ya no está ahogada: está en default social. Sin consumo interno, sin crédito real, sin horizonte, comienza a incubarse una nueva etapa de conflicto social. Y esta vez, la angustia no se disfraza de bronca: se organiza, se moviliza, se expresa.

Porque el gobierno podrá seguir vetando leyes, pero no podrá vetar la realidad.