En medio de rumores y especulaciones, el Gobierno argentino reafirmó su política de no devaluar la moneda, en una estrategia firme que busca estabilizar la economía sin modificar drásticamente el tipo de cambio. A través de representantes en Washington y Buenos Aires, las autoridades sostuvieron que el enfoque de devaluación controlada («crawling peg») a un ritmo mensual del 2% continuará en 2025, apostando a que esta gradualidad permita bajar la inflación y mejorar la competitividad.
El mensaje también está dirigido a los sectores privados y al Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes habían expresado su interés en una devaluación más agresiva. Sin embargo, desde el Gobierno subrayan que una devaluación abrupta generaría inestabilidad y sobreendeudamiento, lecciones ya aprendidas en períodos pasados. Con esta postura, Argentina marca una diferencia con las recomendaciones del FMI, especialmente en torno al cepo cambiario, planteando que cualquier flexibilización será gradual y no dependerá de nuevos fondos.
Esta estrategia responde a la visión de una recuperación moderada y sostenible, buscando equilibrar la inflación y el tipo de cambio para construir un contexto económico más estable. Con el Presupuesto 2025 próximo a debatirse, el Gobierno espera obtener un respaldo legislativo para sostener el rumbo económico y consolidar un modelo de desarrollo progresivo que, en sus palabras, no solo estabilice la economía, sino que mejore las condiciones de competitividad a largo plazo sin depender de devaluaciones masivas.
El Gobierno también ve en esta estrategia un camino para reducir gradualmente el 30% de atraso cambiario señalado por economistas y sectores privados, sin los riesgos de una devaluación abrupta. La apuesta es que, con el «crawling peg» y una inflación menor, el país pueda ganar competitividad de forma progresiva, reforzando el rol del peso y evitando la fuga de divisas. Esto es crucial en la visión de una Argentina que busca crecer sin depender de medidas extremas o cambios inesperados.
Por otro lado, se espera que esta política económica afiance la relación del país con el FMI en una base de mayor independencia. Las autoridades subrayan que cualquier posible flexibilización del cepo será una decisión calibrada y progresiva, realizada en función de la demanda interna de pesos y no como una imposición externa. La intención es construir un marco de estabilidad que inspire confianza a inversores, empresarios y ciudadanos, ofreciendo señales claras sobre el compromiso a largo plazo del Gobierno con la estabilidad cambiaria.
