Mientras medio país tiene sus máquinas paradas y la industria nacional agoniza en un coma inducido por la ortodoxia financiera, Argentina vuelve a protagonizar un hallazgo de dimensiones mundiales: el mayor yacimiento de cobre de los últimos 30 años, en la provincia de San Juan. Un regalo geológico que podría marcar un punto de inflexión en el desarrollo económico… pero que, bajo las condiciones actuales, apenas representa una nueva etapa del saqueo sistemático de nuestros recursos naturales.
Un país minero que no quiere serlo
Argentina debería ser una potencia minera. Tiene litio, oro, plata, cobre, hidrocarburos y condiciones geográficas únicas. Pero carece de un modelo de desarrollo sustentable, soberano y con valor agregado local. En lugar de ser Corea del Sur con litio o Chile con cobre, decidimos ser la piñata favorita de las multinacionales, apañadas por leyes de los ’90 que ningún gobierno tuvo el coraje o la voluntad de reformar.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es la coronación de esa entrega: permite repatriar utilidades sin control, garantiza estabilidad fiscal por 30 años, elimina retenciones, y permite deducciones impositivas escandalosas. En criollo: les regalamos el país y ni siquiera exigimos desarrollo, ni empleo, ni tecnología.
San Juan y el cobre: ¿bendición o maldición?
El distrito Vicuña en San Juan alberga un yacimiento de cobre que lo convierte en uno de los 10 mayores del mundo. Pero mientras Estados Unidos ya envía a su encargada de negocios a reunirse con el gobernador Marcelo Orrego, en la Argentina real, no hay una política minera nacional ni mecanismos de control ambiental, tributario ni laboral.
El litio ya nos mostró el camino equivocado: provincias que compiten entre sí para ver quién cobra menos regalías, pueblos sin agua, contratos secretos, contaminación sin penalización y cero industrialización local.
¿Vamos a repetir el mismo modelo con el cobre? ¿A qué precio?
El extractivismo de manual
Argentina no cobra más del 3% de regalías sobre el valor declarado por las propias empresas, que encima tienen vía libre para subfacturar y triangulaciones off shore. Ese modelo no es desarrollo. Es extractivismo colonial.
Y para colmo, los empleos mineros tampoco crecen. Según datos recientes, el sector perdió 2.700 puestos formales en el último mes, incluso siendo una de las “vedettes” del discurso oficial. Porque sin certezas macroeconómicas, sin seguridad jurídica real (no la que piden las mineras, sino la del país), ni siquiera los que vienen a saquear quieren arriesgar.
Medio país parado, y el otro mirando al subsuelo
Argentina tiene hoy un uso de la capacidad industrial en torno al 54%, similar al de los peores momentos de la pandemia, pero sin pandemia. La pobreza sube, la demanda interna se derrumba y las inversiones extranjeras no aparecen, ni siquiera en sectores donde deberían llover. ¿Por qué? Porque no hay reglas estables, ni un dólar competitivo, ni seguridad para girar dividendos. Porque no hay país posible con medio país parado.
La fantasía de que el cobre nos salvará sin cambiar nada es tan dañina como infantil. El desarrollo no es automático. Requiere Estado, planificación, cadenas de valor, ciencia, universidades, control ciudadano. Requiere política industrial, no solo minería extractiva.
Lo que falta no es cobre. Es coraje.
La Argentina no necesita nuevos yacimientos. Necesita nuevas ideas y nuevos liderazgos que rompan con la lógica del saqueo y el cortoplacismo electoral. Necesita una ley de minería soberana, con mayores regalías, participación estatal, exigencias de industrialización, control ambiental real y consulta popular vinculante.
Si no, este país minero será apenas un paisaje roto, lleno de riqueza bajo tierra, y pobreza sobre la superficie.
El cobre puede ser la llave de una nueva Argentina. O el clavo final del ataúd del modelo productivo. La elección no es geológica. Es política.