Argentina, ¿país receptor de deportados de EEUU? El costo oculto de un acuerdo que puede romper reglas y presupuesto

Perico Noticias, 31 de enero del 2026 // El problema no es ideológico: es de soberanía y sistema. Un país puede cooperar en materia migratoria. Pero convertirse en “tercer país receptor” de deportaciones ajenas es otra cosa: implica aceptar en tu territorio el “costo humano y administrativo” de una política doméstica de otro Estado. Eso no se paga con discursos: se paga con cupo carcelario, cupo sanitario, cupo educativo, cupo habitacional, cupo judicial y cupo de calle.

En una Argentina con recursos públicos tensionados, sumar una carga de esta naturaleza sin un plan integral sería, en la práctica, un traslado de problemas: de Washington a Buenos Aires; de la Casa Blanca a los municipios.

Si hubo acuerdo, hay un punto de quiebre: ¿con qué marco legal?

La pregunta de fondo es simple: ¿bajo qué norma se recibirían deportados que no son argentinos?
Porque cualquier esquema de “tercer país” abre una caja de obligaciones:

• Debido proceso: identificación, evaluación de situación personal, asistencia consular si corresponde, traductores, defensas, recursos.
• No devolución (non-refoulement): el derecho internacional prohíbe devolver personas a lugares donde puedan sufrir tortura u otros daños irreparables. Ese principio rige para migrantes más allá de su estatus.
• Capacidad real de absorción: alojamiento temporal, integración o retorno, y coordinación interjurisdiccional.

Lo grave no es “recibir o no recibir”. Lo grave es hacerlo sin transparencia: sin convenio público, sin letra chica, sin responsabilidades presupuestarias, sin control parlamentario, y sin un protocolo humanitario verificable.

El costo político: la Argentina como “válvula de escape”

Si la información es correcta, el gobierno quedaría expuesto a un dilema incómodo:

• Hacia afuera, mostrar alineamiento extremo.
• Hacia adentro, pedirle a una sociedad empobrecida que financie una política migratoria de otro país.

Y encima, con un agregado corrosivo: cuando la conversación pública se contamina con campañas “anti inmigrantes”, el resultado suele ser el mismo: polarización, estigmatización y tensión social, sin resolver el problema de seguridad ni el de empleo.

Lo que el mundo ya discute: “third-country deportations”

La idea de derivar deportados a terceros países no es nueva y hoy es tema global. Organizaciones y centros de análisis vienen advirtiendo que estos esquemas son políticamente atractivos para endurecer controles, pero jurídicamente delicados y fáciles de abusar si no existen garantías estrictas.

Tres exigencias mínimas si el Gobierno quiere que se le crea

Si el Ejecutivo realmente busca “orden” y no relato, hay un estándar mínimo de gestión:

1. Documento oficial: convenio, memorando o intercambio diplomático —publicado—.
2. Plan operativo: dónde, cómo, quién, cuánto cuesta, qué jurisdicción ejecuta y qué organismo controla.
3. Protocolo de derechos: asistencia, evaluación de riesgo, y resguardo del principio de no devolución.

Sin eso, la sospecha es inevitable: que se negocie a puertas cerradas lo que después pagarán otros, como siempre.