Perico Noticias, 16 de febrero del 2026 // La baja de la edad de imputabilidad aparece como respuesta rápida frente al miedo social, pero no resuelve las causas que empujan a niños y adolescentes al delito. Sin una estrategia integral de ingresos familiares, escuela activa, salud mental, urbanismo y prevención territorial, el Estado solo llega tarde y convierte una crisis social en expediente penal.
Argentina vuelve a discutir la baja de la edad de imputabilidad en un contexto de ansiedad pública, bronca social y fatiga institucional. La propuesta de llevarla a 14 años —e incluso por debajo, según declaraciones públicas recientes— se vende como “orden”, pero en términos de política criminal puede terminar siendo apenas un atajo punitivo. Hoy el régimen vigente fija que menores de 16 años no son punibles penalmente bajo el esquema de la ley actual, y ese marco no es casual: responde a una arquitectura jurídica histórica que reconoce la especial protección de la niñez.
Desde una mirada jurídica seria, el problema de fondo no es “a qué edad castigamos”, sino “a qué edad llegamos con Estado”. Las obligaciones internacionales en niñez y adolescencia no son decorativas: exigen sistemas de justicia juvenil diferenciados, último recurso de encierro y enfoque de reintegración, no de revancha social. El Comité de Derechos del Niño recomienda que la edad mínima de responsabilidad penal no retroceda y, de hecho, tienda a ubicarse en estándares altos. Ir en sentido contrario no moderniza el sistema: lo desordena normativamente y lo expone a conflictos de convencionalidad.
Hay además un riesgo operativo que en el debate público casi no se dice: cuando el sistema persigue solo el umbral etario, el crimen organizado adapta su logística. Si la frontera baja a 14, la presión criminal migra a 13 o 12 mediante reclutamiento, amenazas, microeconomías del narcomenudeo y “tercerización” de delitos. No es una hipótesis teórica; es un patrón conocido en mercados criminales: cuando se endurece una puerta, se desplaza la ruta. Penalizar más temprano, sin inteligencia criminal y sin intervención barrial profunda, puede producir el efecto inverso al prometido.
La evidencia comparada en justicia juvenil es consistente en un punto: la reducción de violencia grave no se logra con eslóganes de “bala o cárcel”, sino con prevención temprana, escolaridad sostenida, tratamiento de consumos problemáticos, salud mental comunitaria, abordaje familiar y equipos territoriales estables. Organismos como UNICEF vienen advirtiendo que bajar edad de punibilidad no impacta de manera robusta en la baja del delito, mientras sí incrementa trayectorias de institucionalización y reincidencia cuando el dispositivo estatal llega solo con sanción.
En Argentina, además, discutir imputabilidad aislada de la macro y la microeconomía es mirar una sola foto de una película larga. Hogares con ingresos quebrados, abandono escolar, trabajo informal de adultos, consumos en alza y barrios sin infraestructura básica forman el caldo de cultivo de la violencia juvenil. Si el adulto sostén cae, todo el ecosistema familiar cae. Y ahí aparece el menor como eslabón más frágil y más disponible para redes delictivas. Castigar al final de la cadena sin tocar la estructura que la produce es, en términos de política pública, administrar consecuencias y abandonar causas.
La salida responsable exige coraje político, no marketing penal: 1) blindaje de primera infancia y adolescencia con presupuesto trazable; 2) control de escolaridad real con tutores comunitarios; 3) red de salud mental y adicciones con capilaridad barrial; 4) fiscalías especializadas en crimen organizado que persigan financistas y no “soldaditos”; 5) justicia juvenil restaurativa con métricas de reinserción; 6) empleo y formación para familias vulnerables como política de seguridad. Si no se hace eso, bajar a 14 será apenas una nueva estación del mismo fracaso. La pregunta no es cuán temprano encarcelamos: la pregunta es por qué llegamos siempre demasiado tarde.
