Blindar salarios a la baja: por qué la reforma laboral de Milei no resuelve el problema de fondo

Perico Noticias // El Gobierno presentó oficialmente su proyecto de reforma laboral, después de que Javier Milei regresara de Oslo y firmara el texto que ya ingresó al Senado para ser tratado en sesiones extraordinarias.
La iniciativa se vende como “modernización”, “reducción de la litigiosidad” y “adecuación a las nuevas dinámicas del empleo”, pero el propio contenido del proyecto muestra otra cosa: un avance regresivo sobre pilares centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, las indemnizaciones, las vacaciones, las horas extra, las paritarias y el derecho de huelga.

Incluso desde sectores no kirchneristas, como Miguel Ángel Pichetto, ya se escuchó una definición clara:

“No resuelve el problema del empleo”.

Esa es la clave: no ataca el problema de fondo, pero sí reconfigura el poder dentro del mundo del trabajo a favor de los sectores más concentrados.

Un proyecto que corre el eje: de crear trabajo a abaratar despidos

El texto oficial reescribe el régimen de indemnizaciones: mantiene, en apariencia, el “un sueldo por año”, pero introduce topes, pisos y la posibilidad de reemplazar el esquema tradicional por un fondo de cese financiado por el empleador a través de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

En los hechos, el FAL funciona como un sistema de capitalización obligatoria, con aportes del 3% sobre la nómina salarial, administrados por entidades privadas habilitadas por la CNV. Es dinero que se separa, se capitaliza, genera comisiones y rendimientos financieros, pero no se individualiza por trabajador y no cubre a quienes están no registrados o mal registrados.

Distintos análisis ya advirtieron que la arquitectura del FAL “recuerda a las AFJP”: ahorro individual obligatorio, administración privada, desfinanciamiento del sistema público y transferencia del riesgo desde el empleador hacia el trabajador.

El problema de fondo del empleo argentino no es que despedir sea demasiado caro, sino que:

• La economía vive en recesiones recurrentes.
• El crédito productivo es escaso y caro.
• La matriz productiva está primarizada y concentrada.
• La informalidad ronda a casi la mitad de los trabajadores.

Nada de eso se soluciona con un FAL que abre un nuevo negocio financiero y no garantiza más y mejor empleo formal, sino solo otra forma de financiar los despidos.

El ataque al derecho de huelga: disciplinar antes que negociar

La reforma ratifica y refuerza las restricciones al derecho de huelga ya planteadas en el Decreto 70/2023, ampliando la definición de “servicios esenciales” y “de importancia trascendental” y obligando a garantizar prestaciones mínimas aun en medio de medidas de fuerza en salud, educación, transporte, energía y bancos.

Es decir: en lugar de bajar la conflictividad a través del diálogo social, el proyecto apuesta a disciplinar el conflicto por vía normativa.
En paralelo, la CGT ya adelantó un rechazo abierto y discute un posible plan de acción, incluyendo la alternativa de un paro general.

La experiencia histórica local e internacional es clara:

• Cuando se intenta desmontar derechos colectivos sin consenso social, la respuesta suele ser más conflicto, no menos.
• Donde se restringe el derecho a huelga, se debilita el equilibrio de fuerzas que hace posible una negociación razonable de salarios y condiciones de trabajo.

Plataformas y “prestadores independientes”: formalización a medias, precariedad completa

Por primera vez, la reforma crea un régimen específico para repartidores y conductores de apps (Rappi, Uber, Cabify, PedidosYa, etc.), obligándolos a inscribirse, aportar a la seguridad social y cumplir ciertas obligaciones fiscales y de tránsito.

En apariencia, se los “formaliza”. Pero el corazón del régimen es la figura de “prestadores independientes”:

• No se los reconoce como trabajadores en relación de dependencia.
• Se consolida un esquema donde la plataforma define tarifas, algoritmos y sanciones, mientras el riesgo económico y la inestabilidad quedan del lado del repartidor o chofer.

Es decir: se regula la precariedad, no se la corrige.
Se legitima un modelo de “flexibilidad extrema” que después se toma como benchmark para presionar a otros sectores a bajar su piso de derechos.

Blindar salarios a la baja en una economía recesiva

La propia cobertura de la reforma en medios especializados sintetiza el espíritu de la ley: “blindar un salario a la baja”.

La combinación de:

• Topes indemnizatorios,
• Flexibilización de vacaciones y horas extra,
• Limitaciones al derecho de huelga,
• Nuevos regímenes diferenciales “baratos” para ciertos sectores,

no está pensada para potenciar productividad sino para ajustar el costo laboral en un contexto donde ya se reconoce un “proceso de recesión” con cierre de empresas e importaciones que compiten de manera desleal con la industria local.

Si la economía no crece, si no hay mercado interno, si el crédito no llega a las PyMEs, abaratar despidos y licencias solo redistribuye pérdidas hacia los trabajadores, pero no crea nuevos puestos de trabajo.
Es una reforma pensada para que los números cierren en el excel de los grandes grupos, no para que mejore la calidad de vida de la mayoría.

¿Qué haría falta para atacar el problema de fondo?

Una reforma laboral seria, orientada al desarrollo y no al ajuste, debería colocar en el centro otros ejes:

• Blanquear la informalidad con incentivos fiscales temporales a PyMEs y cooperativas, no con rebajas estructurales de derechos.
• Simplificar y agilizar los procesos judiciales laborales sin recortar garantías, atacando la ineficiencia del sistema, no al trabajador.
• Promover acuerdos sectoriales de productividad donde el aumento de eficiencia se traduzca en mejores salarios y mayor inversión, no solo en margen empresario.
• Fortalecer la formación profesional y la reconversión laboral, aprovechando la transición tecnológica en lugar de usarla como excusa para precarizar.
• Crear un sistema de seguro de desempleo robusto y universal, financiado de manera progresiva, en lugar de replicar viejos esquemas de capitalización individual tipo AFJP.

Nada de esto aparece como prioridad en el proyecto.
En su lugar, la apuesta es clara: debilitar al trabajador organizado, abaratar el costo de salida para las empresas y convertir una parte de la seguridad social en un nuevo activo financiero.

En síntesis, la reforma laboral de Milei no es una política para “modernizar el empleo”, sino una ingeniería jurídica para redistribuir poder y renta en contra de quienes viven de su salario. No resuelve el problema del empleo porque confunde competitividad con precariedad y crecimiento con disciplinamiento.

Si el Congreso la aprueba tal como está, no estaremos ante el inicio de una etapa de “más trabajo”, sino ante una nueva versión de lo ya conocido: más desigualdad, más conflicto y menos futuro compartido.