Referentes de gremios que se dicen peronistas en Jujuy respaldaron al gobierno radical que presume superávit mientras paga salarios por debajo de la línea de pobreza. La base los cruzó en redes y crece el reclamo por una renovación real de la CGT local antes de la definición nacional del 5 de noviembre.
En la recta final, Adrián Mendieta—candidato a diputado nacional por Jujuy—alerta por el “ajuste sobre jubilados, personas con discapacidad y jóvenes”, cuestiona la pérdida de poder de compra y pide “usar la lapicera ciudadana” este 26-O. Recorre Libertador, Puesto Viejo, Aguas Calientes, Maimará, Abra Pampa y Capital para llevar “un último mensaje de esperanza y propuestas”.
Este domingo, Jujuy puede votar alivio y producción: con Pedro Pascuttini, el viento cambia a favor del ciudadano—empleo, mejores sueldos, desendeudamiento y obras que se ven. Es decisión simple: subirnos al arca que nos saque de la tormenta o seguir a la deriva.
A 72 horas del voto, el Gobierno ya blanquea un recambio de gabinete y baraja nombres mientras la ayuda de Washington se ata al resultado del domingo. La señal: si gana Milei hay dólares y “reset”; si no, se enfría el auxilio. Un atajo político que desnuda fragilidad y coloca al electorado ante una disyuntiva inadmisible en democracia.
Monterrico acelera trámites: el intendente Luciano Moreira firmó con el Dr. Octavio Rivas un convenio para ampliar el Registro Civil y habilitar atención por la tarde, con más ventanillas y operativos barriales para reducir colas y tiempos de espera.
A horas del 26-O, Argentina vota entre el relato y el plan: un dólar al borde del techo, apoyos externos condicionados y una economía exhausta. El lunes no admite parches: o aparece un programa verificable —fiscal, monetario y cambiario— o la mecha encuentra fósforo.
El “socorro” made in Washington llegó con ruido y sin red: los bancos dudan, piden colateral y el operativo luce más político que económico. Si la plata no aparece —o llega atada con alambres— el tiro puede salir por la culata y activar un voto castigo anti-injerencia este domingo.
El conflicto en el Concejo Deliberante de Monterrico escaló: María Almázan denunció por desobediencia judicial a la presidenta Mónica Gualpa y pidió una sanción económica de $5 millones por día hasta que se cumpla la sentencia firme que ordena su inmediata asunción. El cuerpo no convoca la sesión que dispuso la Justicia y la presión pecuniaria ya está en la mesa.