Cauchari no es soberanía: Jujuy invirtió como potencia, pero sigue pagando (y sufriendo) como provincia cautiva

Perico Noticias, 29 de enero del 2026 //Jujuy compró un relato cómodo: “cambio de matriz productiva”, “energía limpia”, “soberanía energética”. Pero la verdad operativa es más cruda: una provincia no es soberana por tener paneles; es soberana si puede garantizar energía confiable, barata y planificada para su gente y su economía real. Y hoy, eso no pasa. Lo que pasa es lo contrario: cortes, tarifas altas, bronca social y un sistema donde las decisiones estratégicas se toman lejos del hogar jujeño.

La noticia que golpea como cachetazo es esta: Salta, Jujuy y Tucumán avanzan contra Transnoa por desinversión, luego de cortes masivos que dejaron sin suministro a cientos de miles de usuarios del NOA. Cuando se cae el transporte, se cae todo: hogares, comercios, salud, seguridad, industria. No hay “energía renovable” que alcance si la columna vertebral (la red) está subinvirtiéndose o estresada.

Y ahí aparece el núcleo político del problema: ¿quién maneja la infraestructura crítica? Transnoa no es un área del Estado provincial: es una empresa con control privado, y su control accionario está concentrado en un grupo inversor (a través de sociedades controlantes), con participación minoritaria estatal y del mercado. Traducido: Jujuy puede inaugurar parques, pero si el transporte colapsa, la provincia queda mirando el incendio desde la vereda, pagando el costo político y social.

En ese marco, Cauchari se vuelve una paradoja. Se financió con un bono verde internacional que fue presentado como salto histórico de inversión para Jujuy. Pero soberanía no es deuda “verde”; soberanía es resultado: menor tarifa, más estabilidad, más capacidad productiva local. Si el proyecto no logra rentabilidad consistente —o si su impacto real no se traduce en alivio para el usuario—, entonces lo que queda es marketing de gestión, no transformación estructural.

Además, el concepto de “soberanía energética” se vacía cuando la energía no llega mejor, no cuesta menos y no se administra con una estrategia provincial de desarrollo. Hoy, el sistema parece diseñado para sostener una ecuación donde el ciudadano paga la ineficiencia: paga cuando hay cortes, paga cuando hay reposición tardía, paga cuando la red no acompaña el crecimiento y paga cuando el debate se reduce a culpas cruzadas sin plan de inversiones verificable.

La demanda contra la transportadora puede ser necesaria, incluso inevitable. Pero no alcanza si se la usa como parche. El NOA necesita un nuevo contrato de infraestructura: auditoría técnica pública de inversiones, penalidades reales por incumplimiento, cronograma obligatorio de obras, y un esquema donde las provincias no sean convidadas de piedra, sino actores con poder de control. Porque si la red es privada, el control tiene que ser más público que nunca: reglas duras, métricas, transparencia y gobernanza.

Jujuy está frente a una encrucijada: o convierte el discurso energético en política industrial y social (energía como palanca de producción, empleo y tarifa posible), o seguirá con un modelo de “vidriera” donde se inauguran proyectos pero se apagan ciudades. Lo que está en juego no es una nota técnica: es calidad de vida, competitividad y futuro. Sin soberanía energética real, cualquier “cambio de matriz” es apenas un eslogan caro.