La fecha fijada para la firma del acuerdo entre las FARC y el Gobierno ya expiró. ¿Qué pasó entretanto? DW conversó con expertos, que no tienen duda de que las armas dejarán de disparar.

El 23 de septiembre del 2015 fue un día histórico para Colombia. Un apretón de manos entre el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Lodroño («Timochenko»), el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reforzó la idea de que la paz no tenía marcha atrás y fue el fondo para anunciar que el 23 de marzo de 2016 llegaría la firma del anhelado acuerdo para poner fin a más de 50 años de guerra.

En los últimos días la fiesta pareció aguarse. El presidente Santos afirmaba que había que lograr un buen acuerdo y que eso era más importante que una fecha. Las FARC, por su parte, daban señales de que había puntos de acuerdo que aún estaban lejos de alcanzarse. Y así fue.

Diferentes lecturas

Las posturas del Gobierno y guerrilla parecen no solo estar lejos en lo que ocurre en la mesa de La Habana, sino también en cómo ven el proceso. Al menos esa fue la sensación que dejaron tras sus pronunciamientos el pasado 23 de marzo. El Gobierno aseguró que en algunos aspectos no se había logrado un avance significativo. Humberto de la Calle, el portavoz de la delegación en La Habana, sostuvo que «con toda honestidad, tenemos que informar que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC».

Las FARC, en otra tónica, se pronunció a través de Iván Márquez, quien anunció la existencia de una hoja de ruta que no detalló, pero que -según él- será suficiente para que el 2016 sea el año de la paz. Timochenko, en tanto, dijo en una entrevista televisada que hasta ahora se habría avanzado en un 70 por ciento en el proceso de negociación.

El aplazamiento de la firma, que por ahora no tiene otra fecha fija, es lógico en una negociación tan compleja. Sin embargo, no debería catalogarse como un tropiezo. Así lo analiza para DW María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), un centro de pensamiento independiente.

“Yo lo leo como un retraso, pero en función de lograr un acuerdo más seguro y viable para el posconflicto. Es un retraso que no pone en riesgo que lleguemos a un acuerdo definitivo”, sostiene Llorente. Pese al optimismo de algunos, en varios sectores se reclamó la presencia del mandatario colombiano en el anuncio del aplazamiento de la firma. Además, no fueron pocos los que vieron como un mal gesto el hecho de que las declaraciones de las partes se hayan hecho por separado.

Para Llorente, sin embargo, no es un señal de desencuentro, como podría interpretarse dado el momento por el que atraviesa el proceso. “Aunque sean declaraciones que hayan sido dadas por separado, en cierta medida convergen, en el sentido de que por ambas partes se está planteando claramente que el proceso sigue y que sigue el compromiso de lograr un acuerdo óptimo”, dice la analista.

Conferencia de las FARC en La Habana, el pasado 23 de marzo.

Hasta ahora, las partes tienen control sobre cuatro de los seis puntos grandes de la agenda. El tema agrario, la participación en política, el tema de las drogas y el crucial asunto de víctimas son los puntos en los que se ha logrado el avance que no ha sido posible repetir en aspectos como la verificación del cese al fuego, la dejación de armas, la refrendación del acuerdo y las zonas de concentración de los guerrilleros movilizados.

Economías criminales

Muchas preguntas siguen abiertas. ¿Dónde, cómo y cuándo se concentrarán los guerrilleros? ¿Cómo se llevará a cabo la refrendación de lo acordado? ¿De qué virirán los 8.000 combatientes tras la desmovilización? Las FARC, para algunas voces como las del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, dejaron de luchar por una ideología y se convirtieron en empresa que sobrevive del narcotráfico, la minería ilegal y en menor escala de extorsiones y secuestros.

Por eso, no se trata solo de desmovilizar y desarmar a las guerrillas, sino de abordar todas las dimensiones en las regiones en que hasta el momento se gestionan desde “economías criminales”, como indica Llorente, quien añade que debe haber “claridad sobre cómo se gobierna en estos territorios y cómo se generan condiciones para que haya otros medios de producción distintos a las economías criminales”.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, de cara al posconflicto existe un “riesgo extremo” en 88 municipios del país que han sido “gobernados” por las guerrillas. Para Llorente que ese escenario se evite depende, en gran medida, de que “el Estado colombiano, junto con las FARC desmovilizadas, logren establecer reglas democráticas en esas zonas”.

El ELN, la otra ficha del tablero

Otro jugador que entra en el póker de la paz es el ELN. Tras la liberación del abogado Ramón Alfonso Cabrales el pasado miércoles 23 de marzo, esta guerrilla podría volver a la periferia de las negociaciones de paz. “El sueño que abrazamos muchos colombianos es que, a través de este proceso de paz, lograramos también agilizar un las negociaciones con el ELN”, dice la analista de la FIP. Sin embargo, es poco lo que se ha sabido de esta nueva negociación y, de momento, parece que todo el esfuerzo del gobierno está en concretar el proceso que inició con las FARC.