“Comenzaron las demandas por todo el período ilegal 2020”
La Quiaca 7 de enero 2021 // El nuevo año, a los quiaqueños que tienen un municipio que debe ofrecer repuestas a la sociedad, los encuentra vulnerables, ya que los juicios promovidos por errores administrativos graves, consecuencia de actos ilegales del Intendente Blas Gallardo; consumados por la participación necesaria de tres concejales oficialistas, suprimió la capacidad patrimonial del municipio para dar repuestas.
Durante el 2020 los ediles Daniel Flores, Jorge Tejerina y Felisa Nieves, sin quorum; vendieron a la sociedad reuniones apócrifas como sesiones ordinarias; dos de ellos usurparon títulos y honores según consta en la demanda judicial, ejecutando ordenanzas ilegales que dieron origen a numerosas irregularidades, muchas de las cuales hoy comienzan a derivar en juicios, que pudieron evitarse si se respetaba el orden constitucional.
La situación financiera del Municipio de La Quiaca es seria; la falta de expertise del intendente, como las ambiciones de sus asesores, obligarán al municipio a enfrentar los costos de numerosos hechos que producirán efectos jurídicos negativos.
El tema más preocupante, es la ausencia de argumentos para defender los actos del Intendente, ya que en derecho no se puede alegar como defensa la propia torpeza. Las conductas de los concejales también caen en el mismo vicio, al menos la de dos referentes –Nieves y Tejerina- manipulados por Daniel Flores y el poder ejecutivo, de cuyas luces solo brotan sombras.
Gallardo subestimó los estándares del derecho administrativo y los mecanismos naturales de control que las instituciones públicas poseen, ahora hay que enfrentar las consecuencias.
En la semana ingresó un nuevo planteo judicial de parte de un ciudadano quiaqueño, quien rechaza los actos ejecutados por la Juez de Faltas del Municipio. La presentación se sustenta en la irregularidad del nombramiento de la funcionaria, en consecuencia solicita la nulidad de sus actos. Hasta la fecha se acreditan dos presentaciones judiciales originadas por iniciativas de vecinos.
Además avanzan en la justicia denuncias y pedidos de reintegro por liquidaciones de haberes ilegales a concejales, asesores, y funcionarios designados sin acuerdos del CD. El municipio enfrenta además juicios por despidos injustificados, de la gestión de Daniel Suarez y los originados en la presente intendencia –Blas Gallardo-.
Con todos los actos administrativos del 2020 cuestionados, el frente de denuncias es inconmensurable, por lo cual el órgano de control; el CD debe apurar la normalización de los actos administrativos del Municipio, ya que de lo contrario la institución se dañará cada día más.
Por ejemplo, el servicio de taxi decidió dar cumplimiento a una suba de la tarifa de servicios, por una ordenanza celebrada en el 2020; la cual es ilegal, por lo tanto la actualización del servicio de transporte requiere la intervención inmediata del CD, esta vez constituido a derecho. Todo el desorden jurídico debe ser reparado con un trabajo incesante y desinteresado para evitar mayores reclamos y fuertes desequilibrios.
Este proceso requiere altura y deposiciones de parte de los ediles, quienes deben proceder a dialogar para tomar un rumbo que se traduzca en una salida para la comunidad, dejando de lado las conveniencias de sectores políticos que solo miran su propio ombligo.
Sin embargo el Concejo Deliberante de La Quiaca decidió bajar las persianas, aplicando el rigor de la mayoría que detenta gracias al doble voto de la presidenta del cuerpo Felisa Nieves, órgano que resolvió el receso hasta el 1º de abril.
La justicia tardó un año en resolver la situación jurídica del Concejo Deliberante, pero aún restan sentencias por actos irregulares consumados, como también tardará en dictaminar sobre nuevas demandas ingresadas, las cuales buscan la normalidad institucional, pero sin embargo frenan anhelos de crecimiento y desarrollo para la comunidad, porque el despilfarro de la cosa pública comprometió el patrimonio del pueblo quiaqueño.
