Concejales recurren a la justicia para defender disposiciones normativas y la división de poderes     

Ciudad de Perico //   Desde el día que asumió el Intendente de Perico ejecutó acciones ilegales, denunciadas por sectores políticos y algunos medios de comunicación. Sin embargo, hasta la fecha no había presentaciones ante la justicia para frenar los atropellos constantes al sistema jurídico.

Sin embargo, días pasados cinco concejales de la ciudad, luego de recabar amplias pruebas, presentaron ante la justicia dos demandas penales que involucran a siete actores de VÍA, entre ellos el propio Intendente Luciano Demarco, sus funcionarios (Dra. Andrea Bocca, Prof. Angélica Reston, CPN Natalia Cajal y Pablo Esper) y Gloria Espinosa (Pte. Del CD) junto al Dr. José Alcazar (Secretario Parlamentario).

Los concejales denunciantes son Federico Manente (UCR); Carlos Caliva (PJ), Walter Cardozo (EDIJUS), Diego Salinas (EDIJUS) y Claudia Gallardo (EDIJUS). Si bién existen diferentes comisiones de delitos ejecutados desde la gestión del Intendente Luciano Demarco durante sus cuatro meses de gestión, esta vez se realiza una demanda por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 y 249) del Código Penal.

La denuncia detalla de manera clara los actos realizados por los funcionarios de VIA que describen comisiones delictivas, que la justicia deberá investigar, para ratificar el objeto de la denuncia. Los hechos que llevaron a los Sres. Concejales a realizar la presentación judicial se originaron en el bochorno administrativo que protagonizó el Intendente quién con un decreto decidió eliminar los derechos adquiridos de decenas de agentes públicos que lograron por disposición del CD pasar a la Planta Permanente del Municipio (Ordenanzas Nº 1353 y Nº 1358), facultad irrefutable en materia jurídica atribuida al poder legislativo.

En el mes de abril, más de una decena de agentes públicos resultaron despedidos, como también unos cuarenta empleados municipales fueron bajados de la planta, para quedar en una situación precaria, reduciendo dramáticamente sus ingresos, como su condición laboral.

A pesar que existe un decreto nacional que impide los despidos en tiempos de Pandemia, y La Legislatura de la Provincia aprobó recientemente la ley 6154 que tiene el mismo objeto, los letrados no apelaron a estas normativas, ya que la violación de las ordenanzas ejecutadas por el Intendente de Perico, resultan atropellos jurídicos imposibles de justificar.

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