Condorí sobre pensión para presos políticos: «Se concretó un acto de estricta justicia»

Este miércoles el Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley que establece un régimen reparatorio para ex presos políticos en el país que fueron privados de su libertad en condición de civiles y/o militares, condenados por un Consejo de Guerra o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que fueron liberados antes del 10 de diciembre de 1983. Al respecto, Hugo Condorí, titular de la Asociación de Ex Presos de Jujuy y único sobreviviente de los dirigentes de la Comisión de la Obra Social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma secuestrados durante la última dictadura militar, destacó que con la aprobación de esta ley «se concretó el acto de estricta Justicia que el propio Poder Judicial negó al no haber dado lugar a las presentaciones que realizamos para que este beneficio que ya se otorgaba en algunas provincias tenga vigencia en todo el país». A su vez Condorí destacó que «el proyecto fue aprobado por todos los senadores presentes y sin ningún voto negativo, lo que ratifica que eran conscientes de que este derecho nos correspondía», aseguró.

Condorí señaló que con esta normativa se nacionalizó y universalizó un beneficio que hasta ahora sólo cobraban ex presos políticos residentes en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, pero con montos y condiciones diferentes en cada caso. «Nos presentamos a la justicia para buscar un resarcimiento al daño que nos hicieron. Muchos, aunque con diferentes características,  no pudimos recuperarnos.  Hay compañeros que hoy están en situación de calle, para muchos el promedio de vida se acortó a un rango que va entre los 50 y los 55 años producto de la tortura que generó deterioros físicos, entre otros daños, además de los psicológicos», recordó el dirigente gremial.

A su vez, el titular de la Asociación de Ex Presos aseguró: «hicimos las presentaciones correspondientes, pero la justicia una vez más se tapó los ojos e hizo oídos sordos a nuestros legítimos reclamos. Por eso creemos firmemente la necesidad de democratizar el Poder Judicial y apoyamos la iniciativa de Justicia Legítima, porque sufrimos en carne propia lo que implica tener una justicia que es funcional a los intereses de las grandes corporaciones».