“Consejo de Paz” de Trump: Milei firmó, pero la Constitución manda — sin Congreso, la política exterior nace viciada

Perico Noticias, 29 de enero del 2026 // La adhesión de Argentina al “Consejo/Board of Peace” impulsado por Donald Trump abre un dilema mayor que la coyuntura: ¿puede el Ejecutivo sumar al país a una mesa internacional sin aval legislativo? La respuesta constitucional es nítida: el Presidente puede negociar y firmar, pero la validez interna exige Congreso cuando hay tratado o compromiso con organismos internacionales.

Argentina puede —y muchas veces debe— sentarse en mesas internacionales si eso protege intereses nacionales: comercio, paz, seguridad, inversiones, acceso a mercados. La pregunta no es moral (“¿arrodillarse o no?”), sino institucional: ¿cómo se instrumenta sin romper el orden constitucional? Porque cuando la política exterior se arma por atajos, el costo no es diplomático: es jurídico y de legitimidad. En las últimas horas se confirmó que Milei participó del lanzamiento del Consejo de Paz en Davos y firmó la integración argentina como miembro fundador.

Como constitucionalista, la regla madre es simple: la firma del Poder Ejecutivo no reemplaza la aprobación del Congreso cuando se trata de “tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales”. Eso no es opinable: está expresamente atribuido al Congreso por el art. 75 inc. 22 de la Constitución. El Ejecutivo conduce las relaciones exteriores y puede celebrar tratados, sí; pero para que sean válidos y obligatorios internamente, deben pasar por el Congreso.

¿Por qué importa tanto el procedimiento? Porque adherir a un organismo o “consejo” internacional no suele ser un gesto simbólico: implica compromisos, reglas de funcionamiento, posibles aportes, intercambios de información, alineamientos políticos o deberes de cooperación. Si se intenta “eludir” el Congreso, lo que se obtiene es una adhesión políticamente ruidosa pero jurídicamente frágil, con riesgo de judicialización y con un problema práctico: cualquier gobierno futuro podría desconocerla con facilidad, por falta de ratificación legislativa. En este punto, incluso medios que reportaron la firma señalaron el debate interno sobre “evitar tratamiento parlamentario”.

El dato comparado que mencionás de Italia va en esa misma línea: allí se debatió el encuadre institucional y se discutió el paso por el Parlamento, justamente para blindar legalidad y responsabilidades. De hecho, en Europa se reportó que Meloni tuvo reparos o directamente rechazó participar en ciertos términos del “Consejo de Paz” por consideraciones políticas y de encuadre.

Ahora bien, la salida correcta —y la única que fortalece a Argentina sin arrodillarla— es institucional: proyecto de ley de aprobación (o “ratificación”) y debate parlamentario transparente, con anexos públicos sobre: alcance, obligaciones, costos, cláusulas de salida, mecanismos de solución de controversias y compatibilidad con compromisos previos. En esa dirección, distintas fuentes informaron que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para ratificar la adhesión. Ese es el paso recomendado si se pretende legalidad y estabilidad.

¿Conviene integrarse? Puede convenir si el formato sirve a intereses argentinos concretos (agenda de paz real, canales multilaterales útiles, ventajas comerciales o estratégicas verificables) y si no compromete autonomía, defensa de derechos, ni expone al país a alineamientos automáticos. Pero aun si fuese conveniente, hacerlo “a sola firma” sería un error político y jurídico: el costo de “ganar velocidad” se paga con falta de constitucionalidad y pérdida de credibilidad.

En síntesis: Argentina no necesita arrodillarse; necesita institucionalizar. Si Milei cree que Trump “domina los mercados” y que conviene estar en esa mesa, entonces que lo pruebe con papeles y debate: Congreso, dictamen, aprobación. En política exterior, la verdadera fortaleza no es la foto: es el acto jurídico válido.