Coparticipación municipal: el fin del centralismo en Jujuy comienza hoy

Redacción Perico Noticias

Durante décadas, hablar de coparticipación en Jujuy fue como nombrar un fantasma: todos lo veían, pero nadie lo enfrentaba. Hoy, por primera vez, comienza a tratarse de manera formal una nueva Ley de Coparticipación Municipal, y aunque el gesto institucional es ineludiblemente importante, el trasfondo de la discusión revela una herida abierta: el derecho sistemáticamente vulnerado de los municipios a decidir su destino, una deuda histórica que explica —en parte— la pobreza planificada que asfixia a cientos de comunidades en el interior de la provincia.

Con pompa protocolar, este lunes se abren las conversaciones entre el gobierno provincial y los intendentes y comisionados municipales. Es un paso. Pero que el debate llegue recién en un año electoral, donde la maquinaria del poder se dispone a reinventarse con promesas nuevas, deslegitima en parte la intención. Porque nadie desconoce que la coparticipación ha sido durante años la herramienta predilecta para disciplinar a intendentes, premiar lealtades, castigar disidencias y alimentar el aparato clientelar que sostiene a una provincia cada vez más desigual.

¿Qué es lo que está en juego?

La coparticipación es simple en su principio: distribuir de manera equitativa los recursos entre la provincia y sus municipios, para que cada localidad tenga herramientas reales de desarrollo. Pero en Jujuy, ese principio fue reemplazado por una lógica de concentración absoluta: el gobierno provincial retuvo los recursos, los manejó discrecionalmente y subordinó a los intendentes a una relación vertical. Si el jefe comunal era funcional al gobernador de turno, recibía fondos. Si no, debía rogar por transferencias que nunca llegaban. Así, la autonomía municipal fue letra muerta, y los pueblos del interior se convirtieron en meras oficinas administrativas del poder central.

No es casual entonces que el 80% de los municipios jujeños no cuente con una estructura económica propia, ni planificación urbana, ni fondos para sostener políticas públicas duraderas. Sus intendentes apenas pueden pagar sueldos, y la inversión depende de los caprichos del Ejecutivo provincial. Es decir: la coparticipación no fue sólo una omisión legal, fue un mecanismo de control político.

El avance esperado, y su trampa electoral

La reunión de hoy, que convoca a todos los intendentes para empezar a discutir una nueva ley, es una novedad que no puede pasarse por alto. Es cierto: el avance institucional es innegable, pero también lo es su contexto. Estamos a pocos meses de una elección legislativa y municipal, y el oficialismo buscará capitalizar la discusión para generar falsas expectativas. “Ahora sí vamos a distribuir equitativamente”, prometerán desde los despachos oficiales. Pero lo cierto es que la letra del proyecto aún no está escrita, y todo indica que el gobierno querrá seguir reteniendo la llave del presupuesto provincial. La ley será usada —como tantas otras veces— como insumo de campaña, no como herramienta de transformación.

La trampa de la dependencia

En Jujuy, la falta de coparticipación fue funcional a un modelo de poder elefantiásico e inútil: una provincia donde el Estado central lo decide todo, mientras los pueblos se vacían de recursos, de proyectos y, sobre todo, de jóvenes que migran por falta de futuro. La pobreza que azota a regiones enteras no es casual: es producto de una planificación política que ahogó las economías locales, impidió el desarrollo autónomo y redujo a los intendentes a meros ejecutores del presupuesto del gobernador.

Hoy, mientras Cauchari produce energía y se anuncian parques solares, el 70% de los municipios sigue sin redes eléctricas fiables, sin servicios públicos modernos y con rutas destruidas. ¿Cómo es posible? Porque no tienen fondos propios, ni poder real de decisión.

Una agenda urgente para los concejales del futuro

Por eso, lo que comienza hoy no es una discusión técnica: es un parteaguas político. Y serán los concejales electos este año los encargados de llevar esta agenda a cada localidad, para que no se diluya en los pasillos de la Legislatura. Son ellos —los representantes directos de cada pueblo— quienes deben exigir que esta ley termine con el unitarismo feudal que gobierna Jujuy desde hace décadas.

Los candidatos a concejal que quieran de verdad representar al pueblo no pueden esquivar este tema. Deben hablar de coparticipación, deben explicar qué recursos recibe su municipio y cómo cambiaría si tuviera autonomía fiscal. Deben romper el pacto de silencio que sostuvo esta injusticia estructural, y deben hacerlo con números, con proyectos, con propuestas claras. Porque lo que está en juego es el derecho de cada comunidad a decidir su rumbo.

El centralismo se agota

Jujuy está ante una oportunidad histórica. No sólo por la posibilidad de redactar una nueva ley, sino porque la estructura de poder centralizado que rige la provincia comienza a mostrar grietas irreversibles. Las demandas por autonomía, por federalismo real, por gestión local de los recursos, ya no son gritos aislados: son el nuevo sentido común de una generación que no quiere seguir mendigando presupuesto.

Hoy se abre una conversación que debió darse hace veinte años. Que nadie se confunda: lo que se discute no es un porcentaje de coparticipación, sino un modelo de provincia. Un modelo que puede seguir sosteniendo elefantes administrativos sin rumbo, o puede apostar por municipios vivos, autónomos y con proyectos propios. La discusión recién empieza. Y esta vez, no será el gobernador el único que tenga la palabra.

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