Coparticipación municipal en Jujuy: ¿justicia histórica o maniobra electoral?

El gobernador Carlos Sadir ha anunciado el inicio del proceso para sancionar finalmente la ley de coparticipación municipal, subsanando una omisión que, durante diez años de gobierno radical, mantuvo a los municipios en la dependencia absoluta de la discrecionalidad provincial. Esta medida, que se presentará como un gran avance institucional, llega tarde y con sospechas de oportunismo electoral, cuando la administración de la UCR enfrenta el desafío de revalidar su continuidad en el poder.

La cuestión de la coparticipación no es un problema reciente, sino una deuda histórica que Jujuy arrastra en flagrante violación de la Constitución Nacional y Provincial. El antecedente es claro: en 2014, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del municipio de La Rioja en su demanda contra el gobierno provincial, ordenando la sanción de una ley de coparticipación para garantizar la autonomía municipal. Irónicamente, en aquel entonces, los principales dirigentes de Cambia Jujuy, encabezados por Gerardo Morales y el intendente Raúl Jorge, celebraban el fallo como una bandera contra el “feudalismo” del fellnerismo, acusándolo de manejar los fondos municipales con total discrecionalidad.

Pero la promesa se esfumó cuando ellos mismos tomaron el poder. Durante una década, la UCR gobernó con la misma lógica que había criticado, postergando la sanción de la ley y consolidando un esquema centralista en el que los municipios quedaron sometidos a la voluntad del gobernador de turno.

Un fallo de la Corte que Jujuy ignoró por una década

El fallo de la Corte en el caso de La Rioja no solo reconoció la autonomía municipal, sino que estableció que la falta de una ley de coparticipación constituía una violación de la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 2) y de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Además, advertía que la discrecionalidad en el reparto de fondos comprometía la prestación de servicios esenciales en los municipios y generaba desigualdad entre las localidades.

El máximo tribunal fue categórico:

1. Los municipios tienen autonomía política, administrativa, económica y financiera, y no pueden depender de la discrecionalidad del gobernador.
2. Las provincias están obligadas a sancionar una ley de coparticipación que distribuya los recursos de manera equitativa y objetiva.
3. La falta de esta ley viola el principio de autonomía municipal y puede derivar en medidas judiciales, como la intervención federal.

En el caso de La Rioja, el intendente de la capital llegó a exigir un resarcimiento por los daños económicos causados a los ciudadanos al haber sido privados de los fondos que les correspondían constitucionalmente. En Jujuy, en cambio, ningún intendente tuvo la dignidad de llevar el reclamo a la justicia, participando de manera cómplice en un esquema que condenó al interior de la provincia al atraso y la dependencia política.

Sadir abre el debate: ¿reparación o estrategia electoral?

El anuncio de la ley de coparticipación en Jujuy llega justo en vísperas del inicio de la campaña electoral, lo que genera serias dudas sobre las verdaderas intenciones del oficialismo. Durante diez años, los intendentes radicales aceptaron sin chistar el modelo de dependencia del gobierno provincial. Ahora, con la urgencia electoral en el horizonte, el oficialismo intenta presentarse como el gran reformador, cuando en realidad sólo está enmendando una deuda impune con los municipios y sus ciudadanos.

La gran pregunta es qué tipo de coparticipación se discutirá. Si el modelo a aprobar busca fortalecer a los intendentes, pero sin modificar la estructura centralista del poder provincial, la reforma será un simple maquillaje. De lo contrario, una verdadera ley de coparticipación debería garantizar que cada municipio reciba los recursos que le corresponden por derecho, sin depender de favores políticos ni de la voluntad del gobernador.

“Jujuy es estructuralmente pobre porque durante años la distribución de los recursos ha sido utilizada como un mecanismo de control político. Si la ley de coparticipación no corrige esto, será otra promesa vacía más”, advierten especialistas en autonomía municipal.

¿Una solución real o un nuevo aparato clientelar?

La sanción de la ley de coparticipación podría significar un punto de inflexión en la historia institucional de Jujuy, si se diseña con criterios de transparencia y equidad. Pero si la intención es simplemente empoderar a los intendentes para que manejen los recursos con la misma lógica clientelar que ha gobernado la provincia en la última década, el problema solo se trasladará de manos.

Jujuy tiene la oportunidad de corregir una injusticia histórica. La pregunta es si realmente se busca reparar el daño o si estamos ante una jugada electoralista que, en lugar de distribuir el poder, solo reforzará nuevas estructuras de dependencia.

🔴 Después de diez años de promesas incumplidas, los jujeños tienen derecho a desconfiar.