Coparticipación o esclavitud: Jujuy necesita una ley justa y control ciudadano real o seguirá hundiendo a sus municipios en la pobreza

Durante más de tres décadas, los municipios jujeños han sido rehenes silenciosos de un centralismo asfixiante. Mientras el pueblo aportaba millones al fisco nacional y provincial a través del IVA, Ingresos Brutos, sellos y tasas, los gobiernos locales apenas recibían migajas disfrazadas de transferencias, casi siempre condicionadas al pago de sueldos y favores políticos. Sin una ley de coparticipación clara y justa, lo que se ha consolidado es una maquinaria de sumisión institucional.

Hoy, con la Ley de Coparticipación finalmente en debate en la Legislatura, el pueblo debe estar alerta. Porque si no hay justicia distributiva, si no hay control social, esta ley será apenas un nuevo pacto de sometimiento.

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Treinta años de pobreza inducida: los municipios como delegaciones del poder

En Jujuy, los intendentes no gobiernan: administran penurias. La falta de autonomía económica los obligó a sobrevivir mendigando a la Casa de Gobierno, sin capacidad para planificar políticas locales, sin poder de decisión, sin herramientas para gestionar el presente ni construir futuro.

La provincia ha concentrado el poder y los recursos en una estructura burocrática sobredimensionada, con ministerios vacíos de contenido, pero llenos de cargos y favores. Mientras tanto, los municipios no tienen cómo hacer veredas, alumbrado, cloacas o mantener centros de salud básicos. El federalismo interno no existe.

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Una ley que no descentraliza recursos es una estafa institucional

La ley en debate no puede limitarse a repartir sueldos o delegar obras que igual decide la provincia. Si el objetivo es fortalecer la autonomía, entonces se debe garantizar:

1. Un piso mínimo de coparticipación automática, incondicionada y por ley.
2. Criterios objetivos de reparto: población, nivel de pobreza, infraestructura, ruralidad, presión tributaria local, entre otros.
3. Un porcentaje de libre disponibilidad para que cada intendente decida sobre políticas locales.
4. Fondos específicos para desarrollo económico local y obras de impacto comunitario.

Y, sobre todo, mecanismos de control real.

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¡Los Concejos Deliberantes no alcanzan! Es hora del control ciudadano

Muchos concejos deliberantes están cooptados por el oficialismo local o provincial, o simplemente son ineficaces para auditar fondos millonarios. Por eso, cada municipio debe crear:

• Comités de Control Social integrados por vecinos, colegios profesionales, sindicatos, iglesias, cámaras empresarias y centros vecinales.
• Auditorías ciudadanas rotativas y públicas.
• Acceso obligatorio a información en tiempo real sobre ingresos y gastos.
• Presupuesto participativo real, donde los ciudadanos voten directamente cómo usar una parte de los fondos.

Sin ciudadanía activa, esta ley será la legalización del saqueo.

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Basta de municipalidades pobres con pueblos empobrecidos

Una provincia que concentra recursos en el centro y mantiene a sus municipios en la miseria no tiene futuro. Mientras los municipios apenas pagan sueldos, los servicios colapsan, los jóvenes migran, los barrios se deterioran y la política se convierte en un reaseguro de pobreza.

No hay desarrollo sin municipios fuertes. No hay autonomía sin recursos. No hay democracia sin control popular.

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El pueblo debe alzar la voz

Este es el momento de romper el pacto de silencio. Que los intendentes que pactan con la provincia para perpetuar la dependencia queden en evidencia. Que los diputados que voten una ley injusta sean señalados por sus pueblos. Porque de esta ley dependerán los próximos 30 años.

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Conclusión: o ley justa con control ciudadano o el mismo infierno de siempre

La coparticipación no puede ser una palabra hueca. Debe ser una herramienta de equidad, de poder, de justicia distributiva. Si no lo es, entonces no es ley: es una trampa.

Y si no hay control popular, entonces no habrá descentralización: habrá corrupción más grande y más cercana.