Corrupción silenciosa INDEC

Perico noticias, 2 de febrero del 2026 // La renuncia de Marco Lavagna deja una postal cruda: en Argentina, la verdad estadística no se discute por ética pública, se negocia por conveniencia política. Y cuando la medición se acomoda, lo que se rompe no es un Excel: se rompe el contrato social.

Hay un tipo de corrupción que no hace ruido. No necesita bolsos, ni allanamientos, ni cámaras. Se ejecuta en silencio, con un cambio de ponderadores, una demora “técnica”, un calendario “prudente” y una narrativa “ordenada”. Ese tipo de corrupción se llama mentir con el Estado, y en los hechos funciona como si fuera legal: porque no paga costo, porque no hay sanción, y porque siempre hay alguien dispuesto a justificarla como “estrategia”.

Lo que ocurrió con el índice de inflación no es una discusión académica. Es poder puro. Cuando el propio Banco Central de la República Argentina reconoce en un informe oficial que el cambio de metodología del IPC —lanzado después de la recomposición de tarifas— implicaría que la inflación “hubiese sido más alta” en años recientes por el mayor peso relativo de servicios y tarifas, está diciendo lo que el ciudadano sospecha hace años: que la medición no es neutra, impacta el resultado, y el resultado impacta la política.

La renuncia del titular del INDEC a días de la publicación del nuevo índice termina de encender una alarma institucional: si el termómetro cambia cuando conviene y se posterga cuando incomoda, entonces el problema no es el termómetro. El problema es quién lo sostiene y para qué.

El daño real: la mentira pega en el plato, no en el relato

La inflación no es un número para especialistas; es la línea que separa comer o recortar, pagar la luz o endeudarse, alquiler o hacinamiento. Cuando el dato se “optimiza”, se optimiza el discurso, pero se devalúa la vida cotidiana. Porque con una inflación artificialmente más baja:

• Los salarios pierden contra una referencia equivocada.
• Las paritarias negocian a ciegas.
• Los jubilados quedan más atrás.
• La pobreza se “administra” en la pantalla mientras crece en los barrios.

Y eso tiene un nombre: violencia estadística. Te quita capacidad de defenderte. Te deja sin benchmark.

La trampa perfecta: “si no lo medimos, no existe”

En un país con memoria de manipulación estadística, lo imperdonable no es el debate metodológico —que es válido y necesario— sino la lógica de oportunidad. Cuando la conducción política decide que la publicación de un indicador “no puede interferir” en el clima electoral, la estadística deja de ser estadística y pasa a ser marketing de Estado.

Ahí se completa el círculo: la mentira se normaliza, se institucionaliza, y se vuelve rentable. Se celebra como “gestión”. Se vende como “éxito”. Se usa como escudo.

El gatillo emocional que no se puede maquillar

La gente no se enoja por tecnicismos. Se enoja porque siente que la están tomando por tonta. Porque mientras el poder discute ponderadores, la heladera discute con el bolsillo. Porque la democracia no se sostiene con slogans: se sostiene con verdad verificable.

Si un gobierno —sea cual sea— necesita que los números se acomoden para sostener su relato, no está administrando un país: está administrando una puesta en escena.

Lo mínimo indispensable: verdad, auditoría y consecuencias

Esto no se resuelve con otro funcionario ni con otra conferencia. Se resuelve con decisiones de calidad institucional:

1. Calendario público e inamovible de cambios metodológicos.
2. Auditoría externa y comité técnico con trazabilidad de decisiones.
3. Publicación completa de series, empalmes y supuestos, en formato abierto.
4. Responsabilidades: cuando se manipula o se demora con intencionalidad, tiene que haber costo político y administrativo.

Porque si no, el mensaje para el país es devastador: la verdad es optativa.

Y cuando la verdad es optativa, la pobreza deja de ser un problema a resolver y pasa a ser un dato a maquillar. Eso ya no es solo una crisis económica. Es una crisis moral.