Mientras el presidente Javier Milei improvisa shows de stand-up económico por cadena nacional, la Justicia de Estados Unidos y una investigación judicial en Argentina avanzan en silencio, pero con firmeza, sobre lo que podría ser el escándalo político-financiero más grande desde la era Menem: el CriptoGate. Y aunque el presidente intente silenciar el tema o reducirlo a una “maniobra kirchnerista”, el fuego ya está encendido y cada día que pasa lo rodea más.
Lo que comenzó como una denuncia difusa por la presunta triangulación de fondos en criptomonedas, ahora se ha convertido en una causa de interés internacional que involucra a entornos directos del poder libertario. Según reveló el periodista Orlando Graña, la investigación norteamericana, que duerme en apariencia bajo la etiqueta “de rutina”, comenzó a incomodar al presidente de forma creciente, sobre todo porque, a diferencia del show mediático local, afuera no se negocian impunidades ni se compran voluntades con retuits o trolls pagos.
La causa, que en Argentina lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez, avanza con más consistencia que la que lleva el fiscal Carlos Stornelli y que, como bien apunta Graña, parece más una excusa para disimular que una verdadera búsqueda de justicia. En el expediente de Arroyo Salgado hay testimonios clave, víctimas concretas y conexiones financieras trazadas que apuntan al uso de criptoactivos para desviar fondos de campañas, blanquear aportes ilegales y financiar operadores en redes. Todo mientras el país se desangra por los recortes y el ajuste brutal.
Lo más alarmante es que Estados Unidos también tiene puestos sus ojos en el escándalo, con una investigación del Departamento de Estado que, según fuentes cercanas al proceso, ya identificó movimientos sospechosos desde wallets en el exterior a cuentas vinculadas a operadores libertarios. Cuando se abra esa caja de Pandora, como advierte Graña, van a contar… y cuando cuenten, van a decir con quién negociaban.
Pero mientras la Justicia avanza, Milei prefiere gritar inflación del “uno por ciento” y vender humo sobre acuerdos millonarios con el FMI que ni calman a los mercados ni evitan que el Banco Central siga quemando millones de dólares por día. Ayer, tras un nuevo anuncio “triunfalista” del ministro Caputo, el Gobierno tuvo que salir a vender 83 millones de reservas para frenar una corrida. El dólar no baja, la inflación no cede, la recesión se profundiza, y ahora —como si fuera poco— emerge un frente judicial que puede convertir su promesa de transparencia en otro episodio de traición histórica al electorado.
La lógica libertaria es tan frágil como peligrosa: toda disidencia es “golpismo”, toda investigación judicial es “kirchnerismo”, toda crítica es “odio a la libertad”. Pero afuera no hay trolls, ni influencers libertarios. Hay fiscales, hay trazabilidad blockchain, y hay un sistema financiero que no está dispuesto a mirar para otro lado cuando se lava dinero en su jurisdicción.
Si Milei no lo ve, será porque no quiere. Si la Justicia argentina no reacciona, será por miedo o por complicidad. Pero la investigación avanza, y lo que puede revelarse va más allá de cualquier especulación electoral. Porque si se confirma lo que los informes en off ya sugieren —que hubo fondos de origen dudoso financiando parte de la campaña presidencial, canalizados a través de criptomonedas y plataformas offshore— entonces no solo estaremos ante un caso de corrupción monumental, sino ante un fraude a la voluntad popular.
Y en ese escenario, no habrá motosierra ni relato libertario que alcance. Solo justicia.