Redacción Perico Noticias // La región del Noroeste Argentino (NOA) enfrenta una dramática realidad laboral: el 57,4% de los trabajadores están precarizados, mientras que el índice de fragilidad laboral asciende al 39,1%, según los últimos informes. Este panorama plantea preguntas cruciales sobre las responsabilidades compartidas entre Nación, provincias y municipios, así como sobre el impacto de las políticas de desregulación promovidas desde el gobierno central.
Un modelo macroeconómico que asfixia
El contexto macroeconómico, marcado por una inflación descontrolada, la depreciación del peso y la incertidumbre en las inversiones, ha exacerbado la informalidad laboral. Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, enfrentan crecientes costos operativos, lo que las lleva a reducir sus dotaciones de personal formal o a contratar en condiciones de precariedad. En este escenario, las políticas nacionales de desregulación, si bien intentan fomentar la inversión privada, no garantizan un marco de protección adecuado para los trabajadores, quienes terminan siendo los más vulnerables.
El caso de Jujuy: el peso del empleo público
En Jujuy, la situación adquiere matices particulares. Con una estructura económica dependiente del Estado, los empleados públicos superan ampliamente a los privados. Esto refleja un modelo de gestión que no ha logrado diversificar la economía ni fomentar la creación de empleo genuino en el sector privado. La sobrecarga del sector estatal, sumada a la escasez de incentivos para las industrias locales, profundiza la fragilidad económica de la provincia.
¿Las provincias y municipios son responsables?
Si bien las condiciones macroeconómicas influyen, las provincias y municipios tienen un papel clave en el desarrollo económico local. En el NOA, muchas gestiones han fallado en generar estrategias efectivas para fomentar la competitividad y diversificar la producción. En lugar de apostar por políticas activas que fortalezcan a los emprendedores y pequeños productores, las regulaciones locales suelen ser complejas, y las cargas impositivas desincentivan la formalización.
Por otro lado, los municipios, que podrían ser agentes dinamizadores del empleo a través de proyectos locales, suelen priorizar políticas asistenciales sobre el desarrollo productivo. Este enfoque, aunque paliativo, perpetúa la dependencia de los trabajadores precarizados hacia programas estatales de corto plazo.
¿Es esta situación transitoria?
La precarización laboral y la fragilidad del empleo no son fenómenos nuevos, pero su agravamiento en los últimos años responde tanto a un modelo económico ineficiente como a la falta de políticas locales efectivas. Si no se abordan estos problemas de manera estructural, el riesgo es que estas condiciones de precariedad se conviertan en una característica crónica de la región.
Opciones de gestión para aliviar la crisis laboral
Para revertir esta situación, es necesario que tanto Nación como provincias y municipios trabajen de manera articulada en las siguientes líneas:
- Reformar el sistema impositivo: Reducir la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, incentivando la formalización del empleo y promoviendo inversiones locales.
- Fomentar la capacitación laboral: Crear programas de formación en habilidades específicas para industrias clave en la región, como la agroindustria, minería y turismo sostenible.
- Promover el emprendedurismo: Establecer líneas de crédito accesibles y programas de acompañamiento técnico para emprendedores y pequeños productores.
- Generar infraestructura y logística competitiva: Invertir en infraestructura que facilite la producción y distribución, especialmente en zonas rurales.
- Diversificar la economía: Apostar por sectores estratégicos con alto potencial de generación de empleo, reduciendo la dependencia del empleo público.
Un llamado a la acción
La crisis laboral en el NOA no es únicamente resultado de las condiciones macroeconómicas, sino también de la inacción local y regional para generar un modelo productivo sostenible. Tanto Nación como las provincias y municipios deben asumir su responsabilidad en la creación de oportunidades reales para los trabajadores. De no hacerlo, la precarización seguirá siendo un espejo de las desigualdades estructurales que frenan el desarrollo del NOA y del país en su conjunto.
