El conflicto territorial en Cueva del Inca volvió a encender la alarma en Jujuy. Tras los recientes desalojos en la comunidad originaria, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, expresó su solidaridad con los comuneros, repudió el avance de los negocios inmobiliarios sobre tierras ancestrales y denunció la connivencia entre sectores empresarios y el Poder Judicial.

Vilca, quien estuvo presente en el lugar tras los operativos policiales, manifestó:
«Estuvimos acompañando a la comunidad, llevando la solidaridad del Frente de Izquierda, y reafirmando nuestro compromiso para difundir estos atropellos. Es inadmisible que la justicia favorezca a amigos empresarios en vez de escuchar la voz de las comunidades, sobre todo en territorios de alto valor arqueológico y cultural.»

Además, el diputado informó que su bancada presentó un proyecto de repudio en el Congreso Nacional y en la Legislatura de Jujuy contra estos desalojos, que describió como parte de un patrón sistemático de violación de derechos indígenas en la provincia.
Respecto a la situación de los trabajadores de prensa, Vilca aclaró que en el momento de su visita no tenía confirmación de detenciones, pero en tono condicional remarcó:
«Si hubo alguna detención de periodistas, expreso mi más enérgico repudio. Consultaremos con los compañeros en Tilcara para confirmar los hechos. La libertad de prensa debe ser respetada.»
La preocupación creció tras la denuncia pública realizada por FM La Roca de San Pedro de Jujuy, donde se advirtió sobre la posible detención de la periodista Olga «Gabi» Burgos, quien estaba registrando los desalojos en Cueva del Inca. Según la emisora, Burgos fue amenazada por una empleada de un hotel que disputa las tierras, y su detención sería inminente, en un claro atentado contra la libertad de expresión y el derecho a informar.

Desde FM La Roca expresaron:
«Es una vergüenza que se pretenda callar a quienes muestran la realidad. No hay democracia si se persigue a los periodistas que reflejan la voz del pueblo.»
Y responsabilizaron directamente al gobernador Carlos Sadir y a las autoridades provinciales por los atropellos cometidos contra las comunidades y la prensa independiente.
La situación en Cueva del Inca vuelve a exponer las tensiones irresueltas entre las comunidades originarias y los intereses empresariales que buscan apropiarse de tierras históricas, muchas de ellas de alto valor cultural y ambiental.
Alejandro Vilca cerró su intervención con un mensaje contundente:
«No vamos a permitir que el avance inmobiliario arrase con la historia y la dignidad de nuestro pueblo. Nuestro compromiso es inquebrantable: defenderemos cada palmo de tierra que pertenece a nuestras comunidades.»
En una provincia donde los desalojos, la criminalización de la protesta y las amenazas a la prensa se vuelven moneda corriente, la escena de Cueva del Inca resume, dramáticamente, los desafíos que enfrenta la democracia en Jujuy.