Declararon inconstitucional la designación por decreto de jueces de la Corte

 Declararon inconstitucional la designación por decreto de jueces de la Corte

El juez federal Alejo Ramos Padilla aceptó un amparo de un ciudadano de Chascomús que pedía suspender los nombramientos del presidente Mauricio Macri para completar las vacantes en el máximo tribunal.

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Primer revés judicial para el presidente Mauricio Macri. El juez federal Alejo Ramos Padilla aceptó un amparo de un ciudadano de Chascomús y declaró inconstitucional la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y sin acuerdo del Senado.

En la misma resolución, el magistrado de la agrupación Justicia Legítima ordenó al máximo tribunal que se abstenga de tomarle juramento a los hombres designados por Macri para ocupar los lugares que dejaron vacantes Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt.

«Resulta indiscutible, como se verá a lo largo de este pronunciamiento, la gravedad institucional que reviste el caso y la necesidad de que la legalidad de las designaciones efectuadas sea analizada por la Justicia», argumentó Padilla, quien aludió a antecedentes jurisprudenciales de la propia Corte Suprema.

Uno de ellos es el caso «Aparicio», dictado el 21 de abril de 2015, donde los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt declararon la nulidad de un decreto de Cristina Kirchner en el que se designaban conjueces para la Corte sin contar con aval del Senado de la Nación.

«En esa ocasión, el más alto tribunal recordó que para consolidar la independencia del Poder Judicial de la Nación y reforzar el equilibrio político que debe primar en la integración de la Corte Suprema, ‘incluso’ los conjueces designados para integrarla de manera excepcional y en caso de vacancia, debían contar con el acuerdo y con las mayorías agravadas que requiere la Constitución», ahondó Padilla.

El presidente pretendía nombrar a los dos jueces “en comisión”, esto es, sin aval del Senado, aludiendo al receso parlamentario de verano, y hasta que los senadores traten los pliegos correspondientes.

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