El caso de Rubén Rivarola, diputado del PJ jujeño, quien admitió sin reparos haber votado a favor del SEPROSA pese a que posee una clínica privada que se beneficiará directamente de esta ley, no solo es una muestra de descaro político, sino que además podría configurar un caso de incompatibilidad de funciones y conflicto de intereses, un delito regulado por el artículo 265 del Código Penal bajo la figura de negociaciones incompatibles con la función pública.
Con su declaración «para qué voy a andar mintiendo», Rivarola no solo expone su propia falta de ética, sino también la hipocresía sistémica de un partido que, en lugar de representar a los sectores populares, ahora legisla en beneficio propio. Este hecho se suma al despojo de derechos básicos que supone el SEPROSA, mientras la provincia sigue consolidándose como un feudo moderno donde los intereses privados prevalecen sobre el bienestar colectivo.
Conflicto de Intereses: El Voto de Rivarola
El reconocimiento de Rivarola de su doble rol como legislador y empresario de la salud no solo degrada la confianza pública en las instituciones, sino que también es un posible acto de delito ético y legal. Según el artículo 265 del Código Penal:
«Será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente o por persona interpuesta, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.»
El SEPROSA, al establecer el arancelamiento de la salud pública y permitir la elección de clínicas privadas como prestadoras, beneficia directamente a la empresa de Rivarola, poniendo en duda no solo la legalidad de su voto, sino también la transparencia del proceso legislativo.
El Desahogo Ciudadano versus el SEPROSA
Mientras que a nivel nacional el Portal del Desahogo Ciudadano busca empoderar a los ciudadanos y reducir las barreras burocráticas, en Jujuy se implementa el SEPROSA, una ley que hace precisamente lo contrario: complica el acceso a la salud, excluye a los más vulnerables y consolida un modelo de desigualdad estructural.
Las Contradicciones del SEPROSA:
- Exclusión Social: Obliga a los jujeños sin obra social a pagar cuotas mensuales o a acreditar su pobreza, en un proceso humillante que los estigmatiza.
- Incompatibilidad Ética: Beneficia directamente a empresarios y legisladores vinculados al sistema de salud privado, como el propio Rivarola.
- Competencia Desleal: Amenaza a las obras sociales privadas y gremiales al competir con ellas desde un Estado que actúa como empresa.
- Violación Constitucional: Contradice los principios de gratuidad y universalidad del acceso a la salud garantizados en la Constitución Nacional y Provincial.
- Oscurantismo Legislativo: Fue aprobada sin un tratamiento serio en la Comisión de Salud, reforzando un modelo autoritario de concentración de poder.
El Feudo Moderno de Jujuy
El caso de Jujuy refleja los peores vicios del feudalismo político del siglo XXI. Legisladores como Rivarola, que deberían representar los intereses populares, utilizan sus cargos para favorecer sus negocios personales, mientras el oficialismo consolida un sistema autoritario donde los derechos básicos se transforman en privilegios.
En lugar de garantizar la salud pública gratuita y de calidad, el SEPROSA convierte la enfermedad en un negocio, beneficiando a un puñado de empresarios y legisladores a costa de los sectores más vulnerables.
La Necesidad de Resistencia
La aprobación del SEPROSA y el descarado reconocimiento de Rivarola no deben ser tomados como simples actos de cinismo político, sino como un llamado de atención urgente. La ciudadanía jujeña enfrenta un modelo que despoja derechos, concentra poder y profundiza las desigualdades.
Es momento de que los jujeños se organicen para resistir este avance autoritario y exigir la derogación de una ley que institucionaliza la exclusión y el beneficio personal de los legisladores.
«Jujuy no puede ser el laboratorio de feudos modernos donde el poder se utiliza para enriquecerse a costa del pueblo. La salud es un derecho, no un negocio.»
