Denuncian que Blaquier está procesado desde el 2012 pero aún no comenzó a ser juzgado
Organismos jujeños de derechos humanos reiteraron esta semana a la Justicia Federal su preocupación por las «dilaciones» en las dos causas en la que están procesados por delitos de lesa humanidad Carlos Pedro Blaquier, dueño del grupo Ledesma, y su ex administrador Alberto Lemos.
El juez federal Fernando Poviña ordenó el 15 de noviembre de 2012 el procesamiento de Blaquier y Lemos en una de esas causas (Burgos, Luis y otros), que investiga la represión de la Noche del Apagón del 20 y 21 de julio de 1976, recordada hoy en Jujuy con una marcha masiva.
En esa operación del terrorismo de Estado fueron secuestradas 400 personas en Libertador General San Martín, donde están radicados el ingenio Ledesma y la residencia La Rosadita, de los Blaquier, y en Calilegua, donde la misma empresa tiene su mayor finca cañera.
Por estos hechos, Blaquier está procesado como «partícipe necesario» en 20 casos de privación ilegítima de la libertad agravada y Lemos como «partícipe secundario» de los secuestros.
Por su parte, la Cámara Federal de Salta -con jurisdicción en Jujuy- confirmó ambos procesamientos ordenados por el juez Poviña recién el 5 de diciembre de 2013, un año y un mes después, y desde hace casi ocho meses la causa está de hecho «estacionada» en el ámbito de la Cámara Federal de Casación Penal.
En una audiencia ante la Cámara Federal de Salta, esta semana organismos jujeños de derechos humanos expresaron su preocupación por las «dilaciones» en la causa de la Noche del Apagón y en la caratulada «Aredez, Luis Ramón y otros», en las que están procesados Blaquier y Lemos.
Esa Cámara Federal integrada por los jueces Jorge Luis Villada, Roberto Loutayf Ranea y Federico Díaz se abocaría a tratar el tema en agosto próximo, según fuentes judiciales.
«La Cámara Federal de Salta tiene que resolver una cuestión sobre la participación de los querellantes», dijo a Télam Eva Arroyo, de la agrupación H.I.J.O.S. Jujuy.
Arroyo sostuvo que «esta pequeñez hace que la Cámara demore ocho meses en resolver una apelación, sosteniendo en el tiempo la impunidad de Blaquier».
Los organismos de derechos humanos atribuyeron a «una especulación y una complicidad desde la Cámara Federal y desde la Cámara de Casación que el juicio no sea elevado prontamente, puesto que la etapa de instrucción ya fue cerrada y sólo falta resolver pequeños detalles». |Telam
