Redacción Perico Noticias // El 10 de diciembre de 2024, el gobierno argentino promulgó el Decreto 1083/2024, derogando el Decreto 805/2021 que extendía la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas. Esta medida, que había estado vigente desde 2006 bajo la Ley 26.160, suspendía desalojos en territorios reclamados por pueblos originarios. La derogación ha suscitado debates sobre sus implicaciones económicas y el impacto en las comunidades indígenas.
Oportunidades Económicas y el RIGI
La eliminación de la emergencia territorial se alinea con iniciativas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para atraer inversiones en sectores como minería, hidrocarburos y turismo. Al liberar tierras previamente protegidas, el gobierno busca facilitar proyectos de gran envergadura que impulsen el desarrollo económico y generen empleo. Sin embargo, esta apertura plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y equidad de dichas inversiones.
Implicaciones para los Pueblos Originarios
Aunque las personerías jurídicas de las comunidades indígenas permanecen reconocidas, la derogación del decreto de emergencia territorial podría exponerlas a desalojos y conflictos por la tierra. La falta de protección legal incrementa la vulnerabilidad de estas comunidades, amenazando sus territorios, culturas y modos de vida tradicionales. Organizaciones indígenas han expresado su preocupación, señalando que la medida podría conducir a la pérdida de tierras ancestrales y a la erosión de su identidad cultural.
Producción Sostenible vs. Derechos Indígenas
Si bien el gobierno argumenta que la derogación busca activar la producción sostenible, es esencial equilibrar el desarrollo económico con el respeto a los derechos de los pueblos originarios. La implementación de proyectos sin consulta previa y consentimiento informado puede resultar en la degradación ambiental y la desintegración social de las comunidades afectadas. La sostenibilidad no debe centrarse únicamente en aspectos económicos, sino también en la preservación cultural y ambiental.
Conclusión
La derogación del Decreto 805/2021 representa un intento del gobierno por dinamizar la economía mediante la atracción de inversiones. No obstante, es crucial que este progreso no se logre a expensas de los derechos y territorios de los pueblos originarios. La clave reside en encontrar un equilibrio que permita el desarrollo económico respetando y preservando la riqueza cultural y ambiental de Argentina. La participación activa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones y la implementación de salvaguardas efectivas son fundamentales para garantizar un avance inclusivo y sostenible.
