Desobediencia bancaria: directivos del Banco Nación en Jujuy se rebelan contra la resolución que protege a los consumidores

Redacción Perico Noticias // A pesar de la vigencia de la Resolución 267/24, que prohíbe expresamente el cobro de tasas municipales y tributos provinciales enganchados a los servicios esenciales, varias sucursales del Banco Nación en Jujuy han decidido ignorar la normativa nacional. En un acto de desobediencia deliberada y abuso de poder, sus directivos han optado por sostener una práctica extorsiva que beneficia a los gobiernos provinciales e intendentes, en perjuicio de los ciudadanos que buscan pagar únicamente lo que corresponde por los servicios recibidos.

La medida del gobierno nacional, impulsada y reforzada hasta el cansancio por el ministro de Economía Luis Caputo, tiene un propósito claro: eliminar las distorsiones en la facturación que afectan a los consumidores, garantizando transparencia y respeto por el derecho constitucional a un trato digno. Sin embargo, el Banco Nación en Jujuy parece operar con una agenda propia, respondiendo más a los intereses de las administraciones provinciales que a la normativa vigente. Esta actitud no solo representa una afrenta directa contra las directivas nacionales, sino que también configura una conducta impropia de parte de los funcionarios que dirigen la entidad en la provincia.

Las denuncias no tardaron en llegar. Usuarios de distintos puntos de Jujuy han reportado la negativa del Banco Nación a procesar pagos de facturas sin los cargos adicionales impuestos por municipios y gobernaciones. Esto significa que los ciudadanos están siendo obligados a abonar conceptos que la normativa nacional ya declaró ilegales, en una maniobra que tiene todos los elementos de una práctica abusiva y coercitiva. En un contexto económico crítico, donde cada peso cuenta para los hogares argentinos, esta reticencia a cumplir con la ley solo puede interpretarse como una traición a los consumidores.

La propia Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía ha sido contundente en su comunicación: las facturas deben reflejar única y exclusivamente el valor de los bienes y servicios contratados. Cualquier cargo adicional, impuesto de manera arbitraria por municipios o gobiernos provinciales, constituye una infracción sancionable bajo la Ley de Defensa del Consumidor. No obstante, en Jujuy, los directivos del Banco Nación han optado por blindar los intereses de los poderes locales, desconociendo incluso las circulares internas de la propia entidad bancaria que instruyen a sus sucursales a respetar la normativa vigente.

Ante esta situación, se vislumbra un escenario de creciente conflictividad. La posibilidad de protestas masivas frente a las sucursales del Banco Nación en Jujuy ya está en el aire, con ciudadanos y asociaciones de consumidores organizándose para denunciar la ilegalidad del cobro de tasas e impuestos enganchados a servicios esenciales. El gobierno nacional, por su parte, ha instado a los afectados a realizar las denuncias correspondientes ante el correo denunciatufactura@comercio.gob.ar, al tiempo que analiza posibles sanciones para quienes se resistan a cumplir con la resolución.

El problema trasciende lo meramente administrativo. Lo que está en juego es el respeto a la Constitución y a los derechos de los consumidores, quienes tienen el amparo del artículo 42 de la Carta Magna para exigir que su relación de consumo sea transparente y libre de abusos. Al sostener una práctica abiertamente irregular, los directivos del Banco Nación en Jujuy se exponen no solo a sanciones económicas, sino también a posibles responsabilidades legales por incumplimiento de deberes de funcionario público.

El mensaje del gobierno nacional es claro: no se tolerarán desobediencias que perjudiquen a los ciudadanos en favor de intereses políticos locales. El ministro Caputo ha insistido en que esta resolución no es opcional y que su cumplimiento debe ser absoluto en todas las provincias. Si las autoridades bancarias en Jujuy persisten en su negativa, no solo enfrentarán la presión de las autoridades nacionales, sino también la de una sociedad harta de abusos y de pagar costos inflados por servicios esenciales.

El Banco Nación es, por definición, una entidad pública que debe estar al servicio del ciudadano, no de los gobernadores y sus redes de poder. Hoy, la batalla por el cumplimiento de la Resolución 267/24 en Jujuy es un símbolo de una lucha mayor: la resistencia de ciertos sectores a perder privilegios y a soltar una caja que durante años ha sido utilizada para financiar estructuras clientelares. Pero si algo ha quedado claro en los últimos meses, es que la sociedad argentina no está dispuesta a seguir tolerando este tipo de atropellos. Las protestas en las calles pueden ser el próximo capítulo de esta historia si el Banco Nación no rectifica de inmediato su postura.

TEXOT DE LA NORMATIVA VIGENTE: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-267-2024-403950/texto