Diputados de la oposición se comprometieron a impulsar la emergencia alimentaria

La foto se repite. Las mismas organizaciones sociales que en diciembre del año pasado impulsaron la ley de emergencia social volvieron a obtener este jueves el respaldo de diferentes bloques de la oposición para avanzar ahora con la declaración de la emergencia alimentaria en la Cámara de Diputados, en una jornada de ollas populares la Ciudad y en los accesos.

Se trata de una iniciativa propulsada por la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), Barrios de Pie y la CCC (Corriente Clasista y Combativa), que fue llevada al papel por el Movimiento Evita y Libres del Sur, y recibió el apoyo del massismo, el Frente para la Victoria-PJ y la izquierda, durante una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara baja.

El proyecto contempla una reasignación presupuestaria de hasta 10 mil millones de pesos durante dos años para cubrir con los objetivos. El principal: aumentar en un 50% el monto de las partidas destinadas a comedores y merenderos escolares y comunitarios, en el marco de un “Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”.

“No alcanza sólo con discursos de campaña: el Congreso debe ponerle el cuerpo a la lucha”, remarcó Lucila De Ponti (Movimiento Evita) al abrir el encuentro, y destacó que “las organizaciones sociales tienen la capacidad de desarrollar políticas públicas”, al poner como ejemplo la emergencia social sancionada el año pasado.

De la conferencia participaron Gildo Onorato (CTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y Luciano Nardulli (CCC), como representantes de los organizaciones que desde la conmemoración de San Cayetano del año pasado se pusieron al hombro las demandas populares y adoptaron un perfil dialoguista con el Gobierno. De hecho, la semana pasada se reunieron con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

“No somos desestabilizadores: estamos dispuestos al diálogo institucional”, expresó Onorato, y lamentó que el oficialismo no adhiera a la propuesta. “Todos coincidimos en el diagnóstico -aportó Menéndez- pero al Gobierno no se le cae una idea”. En tanto, Nardulli denunció que “el hambre viene acelerándose a pasos agigantados con estas políticas de entrega y sumisión”.

El diputado Federico Masso, de Libres del Sur, le puso cifras al reclamo. Precisó que “hay 13 millones 100 mil argentinos bajo la línea de pobreza”, de los cuales “5 millones” son niños, “en un país donde se produce la totalidad de los alimentos de la canasta básica”. Además, detalló que “el 43% de los niños que asisten a comedores tienen malnutrición”, es decir, registran desnutrición, obesidad o sobrepeso.

Por el mismo bloque, Victoria Donda subrayó que “este proyecto tiene nombre y apellido: el de los millones de pibes que hoy no tienen un plato de comida en un país que exporta alimentos”.

Por el Frente Renovador manifestó su apoyo a la ley Daniel Arroyo, referente del massismo en temas de pobreza y precandidato a diputado nacional de 1País. “Es evidente que Argentina está en emergencia alimentaria. Hay más gente en los comedores y más chicos que comen en las escuelas”, advirtió, y apuntó además a los casos de tuberculosis.

Diana Conti se hizo presente en representación del kirchnerismo y calificó a sus pares del Movimiento Evita como “militantes de la ley” que “jamás entregarán banderas por intereses personales”. También adhirió Nathalia González, del Frente de Izquierda.

En tanto, el senador Juan Manuel Abal Medina, quien preside la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, se comprometió a impulsar el proyecto en la Cámara alta, al sostener que “cada vez cuesta más comer y eso es algo que no podemos permitir en un país como el nuestro”.

Además de incrementar las partidas para comedores y merenderos, el proyecto de emergencia alimentaria busca permitir a cada hogar el acceso a una Canasta de Alimentos de la Economía Popular (CAEP) con productos que garanticen una nutrición adecuada, con una periodicidad mensual.

Asimismo, se promueve en cada comedor y merendero la realización periódica de controles nutricionales y antropométricos obligatorios, así como dispositivos de consejería nutricional, educación y promoción en materia de nutrición y hábitos saludables de alimentación.

Otro punto de la iniciativa consiste en que el Estado le compre a pequeños productores de alimentos y agricultores familiares para satisfacer la demanda vinculada al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Para identificar los casos de malnutrición en todo el país e intervenir para revertirlos, se crea un Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria, integrado por representantes de tres ministerios (Desarrollo Social, Salud y Agroindustria) y tres representantes de las organizaciones sociales “más representativas”.