Donde jamás llega la motosierra: el decreto 931/26 y el “blindaje salarial” de la casta

Perico Noticias // Mientras se le pide a la Argentina “austeridad”, “sacrificio” y “disciplina fiscal”, el poder ejecuta su movimiento más viejo: se ajusta hacia abajo y se premia hacia arriba. El 2 de enero se publicó el decreto 931/26, que descongela y recompone los sueldos de ministros y altos funcionarios con el argumento de “ponerse al día” con paritarias acumuladas que se negociaron para el empleo público durante 2024 y hasta julio de 2025.

El Gobierno lo presenta como “ordenamiento”, como “competitividad” del Estado para retener cuadros técnicos. Incluso lo envuelve en un discurso de modernización: mérito, evaluación, profesionalización. Pero la política real no se mide por los considerandos: se mide por el contraste. Y el contraste es brutal: cuando la motosierra recorta al ciudadano, la tijera afina el traje del funcionario.

El truco de siempre: “no es aumento, es actualización”

El decreto compensa el porcentaje acumulado de incrementos salariales que, según el texto, no impactaron en las autoridades superiores durante 2024 y 2025. Y ahí aparece la primera incoherencia moral:

• Si el ajuste era “inevitable” para todos, ¿por qué la corrección aparece primero en la cúspide?
• Si el Estado estaba “sobredimensionado”, ¿por qué la prioridad no fue blindar servicios esenciales (salud, seguridad, educación) y recién después discutir salarios políticos?

El Cronista consigna que, con esta recomposición, los ministros pasarían de alrededor de $3,58 millones a $6,97 millones brutos, secretarios a $6,38 millones y subsecretarios a $5,79 millones (valores brutos). ¿De verdad el problema argentino era que a un ministro le faltaba “competitividad salarial”?

La casta se excluye… pero se reengancha

El decreto deja afuera al Presidente y a la Vicepresidenta, una decisión comunicacionalmente útil. Pero el núcleo del asunto no cambia: se reactivó una mecánica de privilegio.

Y lo más explosivo es lo que viene: el propio artículo señala que el decreto aclara que desde enero de 2026 los futuros incrementos homologados también serán aplicables a estos cargos (siempre excluyendo al binomio presidencial). O sea: no es un “parche” de una vez, es una puerta abierta a que la cúspide se siga actualizando “por sistema”.

¿Y el resto? El ajuste, la espera y el “arreglate”

ATE calificó el movimiento como un “salariazo” para la patronal estatal y denunció el contraste con trabajadores y jubilados. El Gobierno dirá que “es parte del orden macro”, que “sin conducción bien remunerada no hay reforma posible”. Pero esa explicación tiene un agujero negro: la legitimidad.

Porque el ciudadano común no vive de considerandos. Vive de su changuito, de la cuota, del alquiler, del medicamento, del combustible. Vive de un sistema donde el mensaje es:

• A vos: paciencia, recorte, tarifa, impuestos indirectos, caída del consumo.
• A ellos: decreto, recomposición, continuidad automática.

Perico lo entiende en un segundo: el privilegio siempre encuentra su ventanilla

Desde Perico, esto se lee sin maquillaje: cuando la economía se enfría, cuando el consumo cae y el vecino ajusta la carne por el fideo, la política se reserva el derecho de “no perder”.

Y ahí está el punto más insoportable: no es solo plata, es ética pública. Un gobierno que se autopresenta como anti-casta no puede naturalizar un esquema donde la “motosierra” tiene GPS: corta en los barrios, pero se desactiva en los despachos.

La pregunta que define 2026

Si el sacrificio era “para ordenar la Argentina”, entonces el orden empieza por arriba. Si el mensaje era “se terminó el privilegio”, entonces el privilegio no puede salir por Boletín Oficial.

Porque cuando el ciudadano percibe que la austeridad es selectiva, pasa lo inevitable: se rompe el contrato moral. Y sin contrato moral, no hay programa económico que aguante. Hay bronca. Hay descreimiento. Hay cinismo. Y en ese clima, cualquier plan —por más técnico que sea— se convierte en arena movediza.