El ajuste que mata: el Garrahan como emblema de una política inhumana

Por un Estado ético, no criminal

Mientras el gobierno de Javier Milei ondea la bandera de la «libertad» y la «eficiencia», lo que se está gestando es un experimento crudo de ajuste salvaje que pone en riesgo vidas. La reciente decisión de recortar el presupuesto del Hospital Garrahan —referente nacional e internacional en salud pediátrica de alta complejidad— no es una medida técnica ni fiscal: es un acto de violencia institucional. Se trata de un recorte que roza lo criminal y que vulnera el pacto constitucional que protege el derecho a la salud y a la vida.

El Garrahan no es un hospital más. Es donde los niños de todo el país, incluyendo aquellos que nacen en provincias postergadas, encuentran especialistas, tecnología y humanidad. También es donde se atienden extranjeros, como manda nuestra Constitución Nacional en su artículo 20 y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. La salud no tiene fronteras. Cualquier intento de limitarla en nombre del nacionalismo es una deriva xenófoba y regresiva.

Una “eficiencia” que empobrece la vida

La consigna de “achicar el Estado” esconde un desprecio brutal por los sectores vulnerables. A los médicos del Garrahan —profesionales que se forman durante una década, que trabajan más de 68 horas semanales y que salvan vidas infantiles— se les paga el equivalente a una empanada por hora de trabajo. Esta cifra simbólica y material es un agravio a su labor y un reflejo del deterioro ético de quienes toman las decisiones desde la cima del poder.

Se aplaude el control del gasto, pero no se puede naturalizar una mutilación presupuestaria que deja sin tratamiento a niños con enfermedades oncológicas, congénitas o que necesitan trasplantes. No hay eficiencia en el dolor. No hay racionalidad en cerrar quirófanos ni en vaciar guardias. La única racionalidad es la de los fondos especulativos, el FMI y los tenedores de deuda: ellos son hoy el verdadero paciente del gobierno, y el único que recibe cuidados intensivos.

Cuando el recorte es ideológico, no técnico

Este ajuste no es solo una política económica. Es un proyecto de país. Milei y su equipo no conciben la salud como derecho, sino como privilegio del que pueda pagar. Alquilan galpones llenos de leche sin repartir, se alinean con fundamentalistas religiosos para “reeducar” a las madres vulnerables, cierran centros de nutrición infantil, y ahora recortan el pulmón pediátrico de Argentina.

Esa lógica mata, y lo hace con frialdad burocrática. Mientras los funcionarios del gobierno siguen blindados por sus discursos libertarios, los padres de niños con enfermedades graves se enfrentan a la angustia de no saber si podrán acceder al tratamiento que su hijo necesita.

El silencio es complicidad, la resistencia es urgente

La CGT calla o juega al streaming. El oficialismo en muchas provincias, incluyendo Buenos Aires, se retrae ante la brutalidad del ajuste. Pero afuera, en los pasillos del Garrahan, la ciudadanía, los trabajadores y las organizaciones sociales no abandonan la trinchera.

Este no es el momento de debates técnicos, sino de definiciones morales. ¿Qué clase de sociedad estamos dispuestos a construir? ¿Queremos una patria que expulse a los enfermos y criminalice la pobreza, o una Argentina solidaria que entienda que el progreso no se mide por cuántos bonos se colocan en Wall Street, sino por cuántos niños sobreviven y prosperan?

Es tiempo de volver a decirlo fuerte: la salud no se ajusta, se garantiza. Y la vida no se achica.