El bloque del PJ le allanó el camino al gobierno para tomar financiamiento

 El bloque del PJ le allanó el camino al gobierno para tomar financiamiento

El proyecto de presupuesto 2016 fue convertido en Ley por la votación unánime de la Legislatura provincial, que avaló finalmente la necesidad de financiamiento por 1.900 millones de pesos establecido en uno de sus artículos. La norma –que lleva el número 5.877- fue acompañada por el bloque del PJ, que a pesar de algunas observaciones técnicas, no obstaculizó su tratamiento y sanción, cumpliendo de esa manera el compromiso previo asumido por Eduardo Fellner con las nuevas autoridades provinciales.

“Nuestra actitud no va a cambiar según seamos gobierno o tengamos que ejercer la oposición. No solo pasa por una cuestión de responsabilidad, sino por ser coherentes como lo fuimos siempre. Teniendo al gobierno de nuestro lado planteamos siempre desde el bloque justicialista la necesidad de contar con el acompañamiento de la oposición para lograr la aprobación del presupuesto”, señaló el diputado Miguel Lembo (PJ) al explicar los motivos que llevaron a su bancada a votar el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo de Fellner, a instancias de un acuerdo político previo con las nuevas autoridades.

Refirió además que es indispensable que la gente sepa que el presupuesto de Jujuy es deficitario y que por lo mismo siempre hace falta la aprobación de este instrumento para que la provincia pueda gestionar los fondos necesarios y así financiar  el déficit. Esta no fue la excepción. Aclaró que su redacción no fue elaborada en su plenitud por los técnicos del nuevo gobierno, aunque “sí hubo participación de ellos”.

Comentó luego que el proyecto de presupuesto tal como fue remitido a la Legislatura no respondió a una razón antojadiza  ni a un capricho del gobernador saliente Eduardo Fellner. Por el contrario, refirió que la iniciativa respondió a una definición acertada y a su voluntad política de llevar adelante un período de transición que sea responsable y maduro, “para que las nuevas autoridades tengan acceso a los procedimientos, a los métodos  y al sistema que hacen a la gestión”.

El Poder Ejecutivo envió el proyecto con una necesidad de financiamiento de 1.900 millones de pesos, que es el monto que se requiere para poder atender todos los gastos y los pagos de deudas. Pero hubo un hecho que aportó un dato significativo y que sucedió en el tiempo transcurrido entre el envío de la iniciativa a la Legislatura y su tratamiento efectivo, porque la provincia suscribió con Nación un convenio de refinanciación de deuda que en otros períodos se producía al año siguiente, es decir en medio de la Ejecución del proyecto.

Esta situación fue excepcional ya que ese convenio cambiaría los números del financiamiento, provocando un impacto directo en las finanzas públicas durante el ejercicio 2016. En este caso estamos hablando de cerca de 900 millones de pesos que no tendría que pagar la provincia, “pero el radicalismo pidió el acompañamiento para que no se modificara el artículo y se dejara el pedido de financiamiento como estaba previsto en la redacción original del proyecto”.

“El bloque radical pidió que se mantenga esa autorización de endeudamiento para afrontar posibles financiamientos de situaciones que se podrían presentar y que la UCR no las conoce por ser la primera vez que asumen la gestión del Ejecutivo de la provincia. Si bien había elementos para decir que no se necesitaban 1.900 millones de pesos de financiamiento, sino 1.000 millones, entendimos –sin necesidad de compartir los argumentos- que era razonable el planteo y por ello decidimos acompañar”.

Una comisión de seguimiento por el 15% de la Coparticipación

También en el tratamiento de presupuesto tuvo injerencias el decreto de necesidad y urgencia que restituye a las provincias el 15% de la coparticipación Federal de Impuestos. Ante ello, el PJ planteó que esto tenía tal magnitud que incluso podía revertir el resultado deficitario de la iniciativa y convertir al presupuesto en superavitario.

No obstante ello, Lembo sostuvo que es poco factible que el decreto pueda seguir en vigencia por una decisión del gobierno nacional de Mauricio Macri, al margen de la decisión que ya tomó la Justicia. Por lo mismo, precisó que se decidió crear una comisión de seguimiento para que haga un análisis de los recursos que ingresen por ese polémico concepto y de esa manera redefinir el monto del endeudamiento. “Si el decreto se cae, la comisión creada en el ámbito de la comisión de Finanzas”, enfatizó.-

 

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